Comunidad rural de Jamundí vive bajo el terror de disidentes de las Farc
Campesinos y propietarios de parcelas en la zona rural del municipio de Jamundí, ubicado en el sur del departamento del Valle del Cauca, enfrentan una situación de constante amenaza por parte de los disidentes de las Farc pertenecientes al frente 'Jaime Martínez'. Este grupo armado, que responde al mando de 'Iván Mordisco', ha intensificado sus acciones violentas, generando un clima de zozobra entre los habitantes de esta región.
Intento de secuestro y destrucción de infraestructura comunitaria
Los últimos hechos reportados por la comunidad incluyen un intento de secuestro en la finca La Novillera, donde afortunadamente los labriegos lograron frustrar el plagio. Sin embargo, la violencia no se detuvo allí. Los disidentes procedieron a destruir el acueducto más antiguo del consejo comunitario de Guachinte, ubicado en la zona alta, así como extensos cultivos de piña en el sector de Río Claro.
"Pese a los ruegos de los habitantes del predio para que no les dañaran lo que habían sembrado fruto de su esfuerzo para subsistir, los violentos arrasaron con todo", relatan testigos de los hechos. Esta destrucción no solo afecta la economía local sino que pone en riesgo el acceso al agua potable para numerosas familias campesinas.
Extorsión sistemática y demarcación territorial
Los pobladores de Jamundí describen cómo su territorio se ha convertido en una zona donde imperan las amenazas y la extorsión. El grupo armado obliga a la población a realizar pagos de peajes ilegales y cuotas forzosas para la construcción de una carretera en el corregimiento de San Antonio.
El miedo se intensificó este año cuando los residentes descubrieron banderas de los disidentes instaladas en el corregimiento de San Vicente, a apenas 20 minutos del casco urbano. Esta acción ha sido interpretada como una demarcación territorial del grupo subversivo, que busca establecer su propia soberanía en áreas tradicionalmente dedicadas al turismo.
"Nos preocupa la situación porque se genera zozobra entre comerciantes y personas dedicadas al turismo", expresó el concejal Luigi Morales, destacando cómo la violencia afecta múltiples sectores económicos de la región.
Respuesta institucional y desafíos de seguridad
El Ejército Nacional ha realizado operativos en la zona, incluyendo la erradicación de las banderas de los disidentes, pero ha enfrentado ataques y hostigamientos con explosivos lanzados desde drones en los últimos meses. Además, se registró una asonada contra las tropas el pasado 13 de febrero, donde muchos de los participantes eran disidentes que habían amenazado a la población para que se uniera a la protesta.
Los líderes comunitarios cuestionan la demora en la intervención de la vía que conecta San Antonio con Villa Colombia, un proyecto que esperaban por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. Algunos consideran que si esta infraestructura se concretara, disminuiría la presión sobre la población civil para financiar la construcción de caminos al servicio de los grupos ilegales.
Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del departamento, explicó que "la Gobernación del Valle del Cauca ha ido trabajando con lo que se ha concertado con las comunidades en la zona alta de Jamundí. En este corredor que viene desde Jamundí, que pasa por San Antonio, que va hacia el sector de Villa Colombia se están haciendo especialmente hacia el sector de Río Claro, unos estudios y diseños".
Sistema de extorsión documentado
Los disidentes han establecido un sistema organizado de extorsión que incluye peajes ilegales en veredas como El Descanso y El Pital del corregimiento La Liberia. Las tarifas impuestas son de 12.000 pesos por carro y 5.000 por motocicleta.
Además, en el corregimiento de San Antonio, obligan a la comunidad rural a pagar cuotas anuales de 600.000 pesos por persona, complementadas con rifas cuyas boletas son vendidas por los campesinos bajo amenaza. Estos recursos están destinados supuestamente a la construcción de una carretera para el grupo ilegal, aunque los pobladores exigen que sea el Estado quien garantice esta infraestructura básica.
La situación en Jamundí refleja los desafíos de seguridad que persisten en zonas rurales del país, donde grupos armados continúan ejerciendo control territorial mediante la violencia y la extorsión, afectando especialmente a comunidades campesinas que buscan desarrollar sus actividades económicas en paz.
