Gremio de seguridad privada enfrenta crisis por señalamientos del Gobierno
El sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia se encuentra en una situación crítica debido a una creciente tensión con el Gobierno Nacional. La Federación Colombiana de Empresas de Seguridad y Vigilancia Privada (Fedeseguridad) ha salido al paso para denunciar lo que califica como una persecución sistemática y una estigmatización generalizada tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro.
Señalamientos presidenciales y respuesta del gremio
El conflicto se intensificó cuando el mandatario anunció la suspensión de 31 empresas del sector por presuntamente servir como "fachadas de bandas criminales". En sus declaraciones, Petro recordó los vínculos históricos del paramilitarismo con las antiguas Convivir, generando una reacción inmediata del gremio de seguridad privada.
Desde Cali, Raquel Garavito, presidenta ejecutiva de Fedeseguridad, rechazó tajantemente las generalizaciones del presidente. "No se puede decir que un sector está aliado con la ilegalidad", afirmó la dirigente gremial, quien destacó que las 31 empresas suspendidas representan una cifra marginal frente a las 1.200 compañías legales que operan en el país.
Impacto económico y laboral del sector
Garavito enfatizó que el sector formal de seguridad privada genera aproximadamente 400.000 empleos formales en Colombia y cumple con protocolos rigurosos de control. "Somos un aliado estratégico del sector público", recordó la presidenta de Fedeseguridad, haciendo un llamado al Gobierno para trabajar de manera conjunta en lugar de emitir juicios que deslegitiman a toda una industria.
La dirigente gremial expresó su preocupación por lo que considera una estigmatización grave que afecta la confianza en los trabajadores del sector: "Sentimos que hay una especie de persecución. Nos estigmatizan, nos ponen normativas que encarecen el servicio y luego nos sancionan".
Crisis operativa en la Superintendencia de Vigilancia
Más allá del discurso político, Fedeseguridad denunció una crisis operativa en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Según el gremio, los trámites administrativos están completamente atascados, con situaciones alarmantes:
- Una solicitud promedio ante el ente de control tarda 391 días (más de un año) en ser procesada
- Existen empresas con hasta 80 trámites represados
- Algunos trámites llevan más de cuatro años en espera de resolución
Cambios normativos y encarecimiento del servicio
El sector también enfrenta cambios normativos recurrentes que, según Fedeseguridad, están encareciendo el servicio de manera "estrepitosa". Entre los puntos que más preocupan al gremio se encuentran:
- La reducción de la jornada laboral y modificaciones en los horarios diurnos/nocturnos
- Cargas económicas y operativas muy altas para el trabajo con caninos
- Incremento en los costos operativos que afectan la viabilidad de empresas pequeñas y medianas
Llamado contra la informalidad y recomendaciones
En un comunicado formal, Fedeseguridad hizo un llamado al Estado para que actúe con la misma firmeza contra las empresas que operan sin licencia. El gremio sostiene que la verdadera amenaza para la seguridad ciudadana proviene de la informalidad, donde no existen controles de trazabilidad de personal ni garantías laborales.
Finalmente, la federación emitió una recomendación clara para ciudadanos y empresarios: desconfiar de las tarifas baratas. Contratar servicios de "conserjería" o logística para labores de vigilancia es ilegal y acarrea sanciones tanto para quien presta el servicio como para quien lo contrata.
El sector espera que, tras este enfrentamiento público, se logre establecer una mesa de diálogo que destrabe los trámites en la Superintendencia y cese lo que consideran una "selectividad en el control" por parte de las autoridades.
