El robo de un costoso casco a un influencer en Minca, corregimiento turístico de Santa Marta, destapó una red de vigilancia privada que opera desde hace años en la zona. Según habitantes y comerciantes, este sistema mantiene el orden de manera más rápida que las autoridades oficiales, pero defensores de derechos humanos advierten sobre sus riesgos.
El caso que desató la polémica
Yeison Guardo, creador de contenido, denunció en redes sociales el hurto de su casco de alto valor mientras se encontraba en un establecimiento turístico de Minca. La publicación se viralizó rápidamente entre mototaxistas, comerciantes, vecinos y miembros de la vigilancia comunitaria. En cuestión de horas, el supuesto responsable fue ubicado y obligado a devolver el objeto. El propio influencer publicó otro video agradeciendo la efectividad del sistema, mostrando al joven señalado, visiblemente nervioso y arrepentido. Durante todo el procedimiento no apareció la Policía ni hubo pronunciamiento oficial.
Un modelo de seguridad alternativo
En Minca, la seguridad funciona de manera distinta. Aunque existe un CAI de la Policía, gran parte de los habitantes acude primero a los llamados “cuadrantes comunitarios”, integrados por residentes que vigilan veredas, trochas, balnearios y sectores turísticos. Este sistema se financia con aportes de propietarios de hoteles, hostales, restaurantes, fincas, cabañas y viviendas, quienes pagan cuotas semanales, quincenales o mensuales según el tamaño del establecimiento y su capacidad económica.
Para muchos, la fórmula funciona. Minca conserva escenas difíciles de imaginar en otras zonas del país: mercancía exhibida afuera de los locales, motocicletas sin cadenas y turistas caminando de madrugada sin temor. Esta tranquilidad, contrastante con la zona urbana de Santa Marta, es uno de los principales atractivos del corregimiento, visitado por miles de extranjeros al año. “Si la gente siente miedo, deja de venir. Aquí vivimos del turismo”, comentó un comerciante.
El robo activó una alarma colectiva. Mientras la denuncia se viralizaba, la presión social se cerró sobre el responsable. Comerciantes compartieron información, vecinos rastrearon movimientos y la vigilancia comunitaria ubicó al joven durante la madrugada. “Vi la oportunidad y lo cogí, pero no está bien y pido disculpas”, dijo el señalado ladrón frente a una cámara.
Voces críticas: “Aquí mandan los paracos”
Lerber Dimas, defensor de derechos humanos y experto en conflicto armado, cuestionó lo ocurrido y advirtió que estas estructuras terminan legitimando formas paralelas de control territorial. “Esto se puede interpretar como que tiene cierto grado de validación y complacencia”, aseguró. La preocupación de Dimas surgió especialmente por un comentario que circuló durante el caso y fue celebrado en redes: “Se supone que aquí en Minca no se pierde nada porque aquí mandan los paracos”. Para él, el episodio dejó escenas preocupantes: un joven expuesto públicamente, retenido por particulares y grabado mientras pedía disculpas, sin claridad sobre quién ejerció autoridad ni bajo qué mecanismos.
“Lo que pasó fue una acción opresiva, ilegal, de exposición pública, de retención ilegal e incluso de tortura que valida la justicia por mano propia”, afirmó Dimas. Las preguntas que plantea siguen sin respuesta: ¿Por qué la Policía Metropolitana de Santa Marta no se pronunció? ¿Existe coordinación entre las autoridades y estos grupos de vigilancia? ¿Quién supervisa sus actuaciones? ¿Hasta dónde llegan sus funciones?
Eficiencia versus Estado de derecho
Mientras algunos celebran que un robo se solucione en horas, otros advierten que detrás de esa eficiencia podría consolidarse un modelo donde el miedo, la presión social y los controles informales reemplazan al Estado. La situación genera debate en una de las zonas turísticas más importantes de Santa Marta. Como lo advierte Dimas, “el mecanismo que hoy recupera objetos robados también podría convertirse mañana en una estructura capaz de decidir quién puede permanecer, quién debe responder y bajo qué reglas se impone el orden”.
Por ahora, en Minca muchos siguen mostrando el caso como un ejemplo de efectividad comunitaria. Pero detrás del casco recuperado quedó expuesta otra realidad: en este rincón de la Sierra Nevada, los conflictos parecen resolverse más rápido por redes informales que por las autoridades legalmente constituidas.
