Procuraduría levanta suspensión a general y director de inteligencia en caso Calarcá
Aunque el escándalo por los archivos atribuidos a alias Calarcá fue presentado como un posible golpe institucional para las Fuerzas Militares e incluso para el Gobierno Nacional, las decisiones recientes indican que, al menos por ahora, no habrá consecuencias inmediatas para los funcionarios investigados. La Procuraduría General de la Nación decidió no extender la suspensión provisional que pesaba sobre el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante de personal del Ejército Nacional, y sobre Wilmar de Jesús Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Regreso a cargos mientras continúa investigación
Ambos altos funcionarios podrán regresar a sus cargos mientras el proceso disciplinario continúa bajo reserva. Esta decisión se produce después de que la Sala Disciplinaria de Instrucción concluyera recientemente que no existía evidencia suficientemente corroborada de que las conductas señaladas se hubieran mantenido o concretado mientras Huertas y Mejía ejercían funciones públicas.
El caso tomó fuerza en noviembre de 2025, luego de la publicación del reportaje periodístico titulado "Los archivos secretos de Calarcá", que reveló supuestas comunicaciones y documentos extraídos de dispositivos incautados por la Fiscalía General de la Nación a disidencias bajo el mando de alias Calarcá.
Desarrollo de la investigación disciplinaria
La cronología de la investigación disciplinaria incluye:
- El 24 de noviembre de 2025, la Procuraduría abrió indagación preliminar
- Tres días después, el 27 de noviembre, formalizó la investigación disciplinaria
- En esa misma fecha, ordenó la suspensión temporal de los dos altos funcionarios
- La medida buscaba garantizar transparencia y evitar posibles interferencias en la recolección de pruebas
Con base en el análisis de la Sala Disciplinaria de Instrucción, se determinó que no era necesario prorrogar la suspensión de los funcionarios, aunque la investigación continúa su curso normal.
Contenido de los archivos y posiciones de los involucrados
La investigación periodística apuntaba a:
- Presuntas conversaciones y encuentros entre integrantes de la estructura armada y los hoy investigados
- Gestiones para crear empresas de seguridad que facilitarían la movilidad de insurgentes
- Posible porte de armas bajo aparentes ventajas legales
Pese al impacto inicial de estas revelaciones, hasta ahora no hay una sanción disciplinaria definitiva. Wilmar Mejía ha rechazado las acusaciones y afirmó que su labor se limita a la inteligencia estratégica dentro del marco legal, negando categóricamente haber compartido información con grupos armados ilegales.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, calificó como "falsos" algunos de los informes difundidos y sugirió que podrían estar siendo utilizados para desacreditar a su gobierno.
Investigación penal continúa en paralelo
En paralelo al proceso disciplinario, la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, ha realizado diligencias en instalaciones militares por orden de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la investigación sobre los dispositivos incautados y otros elementos probatorios relacionados con el caso.
Por ahora, el proceso penal continúa en etapa de recolección y contraste de pruebas. El caso que generó expectativa de un fuerte remezón institucional sigue abierto, pero sin decisiones de fondo que determinen responsabilidades disciplinarias o penales de manera definitiva.
La situación actual refleja la complejidad de un caso que involucra a altos mandos militares y de inteligencia, y que ha generado debates sobre los límites de la inteligencia estratégica y las relaciones con grupos armados ilegales en el contexto del proceso de paz y seguridad nacional.
