El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió recientemente a los señalamientos de la candidata Paloma Valencia sobre una amenaza en su contra por parte de una estructura de Las Farc. La alerta hecha por la aspirante del Centro Democrático surge en un contexto de vigilancia reforzada por parte del Gobierno por los posibles hostigamientos a candidatas y candidatos, como también han advertido Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
La amenaza denunciada
Valencia señaló que la amenaza proviene del Frente 42 de las Farc, y aseguró que ofrecen una recompensa de 2.000 millones de pesos por su ‘cabeza’. “La información que tenemos es que es el Frente 42 de las Farc, con un sujeto llamado ‘Buche de tula’, a quien le habrían pagado dos mil millones de pesos para que me asesinen”, afirmó.
La candidata dijo que, a diferencia de otras amenazas, esta les fue informada directamente por el gobierno, específicamente por los ministerios de Interior y de Defensa. Sin embargo, recientemente, el ministro Sánchez y la Fuerza Pública señalaron que esa estructura está extinta desde hace 20 años.
La respuesta de MinDefensa
“Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia, atribuida a lo que fue la Estructura 42 de las extintas Farc o a un sujeto conocido con el alias de ‘Buche de Tula’, con antecedentes en delincuencia común”, dijo Sánchez, quien agregó que la información ya se le comunicó a la candidata y a su equipo, y que se mantienen activas todas las capacidades de las autoridades para proteger a las y los aspirantes a la Presidencia.
El Frente 42 de las Farc hacía parte del Frente de Guerra Oriental y delinquía entre Cundinamarca y Meta, pero fue desarticulado gracias a la ‘Operación Libertad 1 y 2’, en Cundinamarca, en el año 2006.
La estructura fue responsable de secuestros y extorsiones bajo el mando de Bernardo Mosquera Machado, alias Negro Antonio, quien fue capturado en 2002, y estuvo vinculada a la toma de Bogotá a principios del siglo XXI. Sus excombatientes han comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por sus crímenes.
