Con el objetivo de combatir las distracciones en el aula, el ciberacoso y los riesgos digitales, el Concejo de Ibagué aprobó un acuerdo sin precedentes en Colombia: la prohibición del uso de dispositivos móviles dentro de los colegios públicos de la ciudad. La medida no solo aplica durante las clases, sino también en los períodos de descanso.
Detalles del acuerdo
El proyecto fue presentado por el concejal Arturo Castillo, quien explicó que la aprobación otorga “herramientas jurídicas a rectores, docentes y comunidad estudiantil para que, a través de los manuales de convivencia, puedan restringir el uso de celulares y tabletas”. La iniciativa se desarrolló en conjunto con directivas, profesores y padres de familia, considerando el uso excesivo de estos dispositivos y la necesidad de mejorar las condiciones de aprendizaje.
Castillo destacó que en 60 países ya se han implementado medidas similares, y en Bogotá, 27 colegios han adoptado restricciones análogas. Por su parte, el concejal William Rosas aclaró que “esta medida no es una postura en contra de la tecnología, ni un retroceso en los procesos de innovación educativa. Por el contrario, es una decisión responsable que reconoce la necesidad de poner límites claros para garantizar entornos de aprendizaje adecuados y proteger la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Alcance y excepciones
Las restricciones se aplicarán principalmente a menores de 14 años y abarcarán horarios de clase y recreos. Sin embargo, se permitirá el uso del celular cuando los docentes lo autoricen con fines pedagógicos o en casos de extrema necesidad por alguna calamidad. “Estamos contentos de que Ibagué sea pionera en esta restricción y esperamos que los padres de familia nos apoyen dando lineamientos a sus hijos para el uso del celular en casa”, añadió Castillo.
Implementación
Una vez que la alcaldesa sancione el acuerdo, la Secretaría de Educación de Ibagué será la encargada de establecer la reglamentación y modificar los manuales de convivencia. El secretario Diego Guzmán informó que a partir de la próxima semana iniciarán la revisión de aspectos técnicos y jurídicos. “En mayo empezaremos a revisar con el grupo asesor jurídico para definir cómo implementarlo en las instituciones educativas”.
La administración municipal indicó que el proceso se realizará en conjunto con rectores y profesores, clave para su ejecución. La idea no es solo decomisar los celulares al inicio de la jornada, sino promover acciones que comprometan a los estudiantes en el cumplimiento de la norma.
