En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados tres dragoneantes y un auxiliar de la cárcel El Pedregal, ubicada en el occidente de Medellín. Los funcionarios son señalados de acceder carnalmente a varias reclusas y de traficar estupefacientes al interior del penal.
Intercambio de drogas por sexo
Según las autoridades, los guardianes aprovechaban su posición institucional para ingresar drogas, teléfonos celulares y licor al centro de alta y mediana seguridad. Estos elementos eran utilizados como moneda de cambio para que las internas accedieran a sostener encuentros sexuales con ellos. La investigación reveló que los capturados se valían de una reclusa para contactar a las víctimas, y en algunos casos, las ponían en estado de indefensión suministrándoles sustancias.
Detalles de la investigación
La indagación incluyó 14 entrevistas, diligencias de reconocimiento y análisis articulados con otros procesos judiciales. Con esto, los organismos de investigación lograron documentar al menos seis episodios asociados a delitos sexuales y nueve relacionados con tráfico de estupefacientes. Las capturas se realizaron en el mismo establecimiento carcelario y en los barrios Caribe y Castilla de Medellín.
Medida de aseguramiento
En la audiencia de legalización de captura, la juez del caso encontró mérito para imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los procesados deberán enfrentar las acusaciones por los delitos de acceso carnal abusivo y tráfico de estupefacientes.
Antecedentes de corrupción en El Pedregal
El lunes pasado, la Veeduría Penitenciaria de Colombia pidió al Inpec investigar otros actos de presunta corrupción en la penitenciaría El Pedregal, por los cuales guardianas y guardianes estarían obteniendo ganancias millonarias. En enero de este año, se registró una protesta en el centro carcelario por la presunta extorsión que miembros de la guardia ejercían sobre las familias para permitir el ingreso de comida, ante un cierre temporal del rancho. Según la denuncia, los guardianes del Inpec cobraban hasta 500.000 pesos colombianos a las familias para autorizar el ingreso de kits alimentarios, haciendo negocio con el hambre de los reclusos.
Este nuevo escándalo pone en evidencia las graves fallas en el sistema penitenciario colombiano y la necesidad de una reforma profunda para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
