Exjefe Anticorrupción de la Dijín denuncia desprotección tras retiro forzoso
El teniente coronel Jorge Alexander Mora Cortés, quien durante seis años estuvo al frente de la Unidad Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), reveló detalles preocupantes sobre su llamado a calificar servicios y la situación de seguridad que enfrenta tras su retiro de la Policía Nacional.
Retiro sorpresivo en medio de investigaciones sensibles
Con 27 años de carrera en la Policía Nacional, 21 de ellos en la Dijín, Mora Cortés sostiene que su salida se produjo en circunstancias cuestionables. "Me encontraba en Washington D.C. como adjunto policial cuando me informaron que debía viajar a Bogotá por necesidades del servicio", explicó el oficial. "Al presentarme ante la Dirección General, me notificaron que esas 'necesidades' correspondían a mi llamado a calificar servicios".
El exjefe anticorrupción enfatizó que, aunque el llamamiento es una facultad discrecional del Gobierno, "discrecionalidad no significa arbitrariedad". La notificación formal cumplía con los requisitos legales, pero carecía de motivación específica sobre las razones de su retiro.
Alcance de su gestión anticorrupción
Durante su gestión al frente de la unidad especializada, Mora Cortés lideró investigaciones que resultaron en la judicialización de más de 2.000 funcionarios públicos, incluyendo:
- Jueces y fiscales de alto nivel
- Alcaldes y gobernadores en ejercicio
- Magistrados de tribunales superiores
- Generales de la fuerza pública
- Senadores y funcionarios del Gobierno nacional
Entre los casos más emblemáticos que dirigió personalmente se encuentran:
- La investigación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
- El proceso conocido como 'Las Marionetas' contra el exsenador Mario Castaño
- Las presuntas irregularidades en la administración de Daniel Quintero en Medellín
- El caso de volteo de tierras en la Costa Caribe con captura de notarios y funcionarios
Preocupaciones de seguridad y accesos indebidos
La situación más alarmante que denuncia el teniente coronel retirado es la falta de protección adecuada. "Mi esquema de seguridad fue desmontado progresivamente entre octubre y noviembre", reveló. "Hoy, tras mi retiro, quedo sin condiciones claras de protección".
Mora Cortés recordó que en diciembre de 2024, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, había manifestado públicamente que él y su familia debían ser reubicados por razones de seguridad. "Cuando una advertencia de esa naturaleza se hace pública por una autoridad de ese nivel, debe ser atendida", insistió.
Además, el exoficial denunció posibles accesos indebidos a información sensible: "Tengo conocimiento de que la contrainteligencia de la Policía ingresó a bases de datos con información personal mía y de mi familia". Según su testimonio, también se habrían consultado procesos judiciales que solo pueden ser verificados por la Fiscalía General de la Nación.
Impacto de declaraciones presidenciales
El teniente coronel retirado mencionó que los pronunciamientos públicos del presidente Gustavo Petro han tenido un impacto en su situación. "Cuando existen declaraciones de altos funcionarios sobre procesos judiciales en curso, se genera un ambiente de señalamiento", explicó.
"No estoy diciendo que exista una orden directa contra mí", aclaró Mora Cortés. "Lo que afirmo es que esas declaraciones, en el contexto de investigaciones sensibles, producen un efecto institucional y social que puede derivar en estigmatización".
Diálogo frustrado con autoridades
El exjefe anticorrupción reveló que ha solicitado en varias ocasiones una reunión con el director general de la Policía, sin obtener respuesta. "Hablé con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien me notificó que debía salir de Washington", contó. "Pero después de 27 años de servicio, que no se me otorgue siquiera un espacio de diálogo es una situación grave".
Mora Cortés fue enfático al señalar que "no le está pidiendo un favor a la Policía Nacional sobre su seguridad", sino que considera que es "una obligación constitucional proteger a los que luchamos contra la corrupción".
El oficial mantiene que se encuentra en plenas condiciones físicas y mentales, pero insiste en que la presión mediática, política y de otros actores incide directamente sobre su seguridad y la de su familia. Su principal demanda sigue siendo clara: garantías de protección adecuadas tras años de exponerse en investigaciones de alto perfil contra estructuras criminales y funcionarios poderosos.
