Crisis económica y social golpea a Loma de Arena por erosión costera y fenómenos climáticos
La comunidad del corregimiento de Loma de Arena, ubicado en el municipio de Santa Catalina, departamento de Bolívar, ha elevado una voz de alerta ante las graves afectaciones económicas y sociales que enfrentan debido al avance del mar y las consecuencias del reciente frente frío que impactó severamente la costa Caribe colombiana.
Denuncia comunitaria por falta de gestión institucional
A través de un comunicado oficial firmado por Jeinnys Díaz, líder del comité "Juntos por Loma de Arena", y Roberto Hernández, representante de la Federación de Pescadores Artesanales y Agricultores Afrodescendientes, los habitantes han cuestionado abiertamente la falta de gestión efectiva por parte de las autoridades competentes. "No pedimos privilegios; exigimos derechos", expresaron con firmeza los líderes comunitarios, quienes además solicitaron mayor presencia institucional, inversión social urgente y soluciones concretas frente al problema de erosión costera que amenaza su territorio.
Pérdidas devastadoras en sectores económicos vitales
Las playas que históricamente han sido fuente de sustento para esta comunidad se encuentran gravemente afectadas, generando una crisis multidimensional:
- Pesca artesanal: Actividad tradicional que enfrenta pérdidas significativas en faenas, equipos especializados y embarcaciones esenciales para el trabajo diario.
- Agricultura local: Sector que ha visto comprometida su productividad debido a las condiciones climáticas adversas y la intrusión salina.
- Turismo comunitario: Kioscos playeros, infraestructura turística y servicios complementarios han sufrido daños considerables, reduciendo drásticamente los ingresos familiares.
El reciente frente frío que azotó la región caribeña empeoró sustancialmente el panorama existente, dejando pérdidas materiales en enseres, equipamiento pesquero e infraestructura comunitaria básica. La comunidad ha solicitado indemnización específica para pescadores afectados y para trabajadores de la gastronomía de playa, incluyendo cocineras tradicionales y vendedores informales, quienes reportan una reducción económica alarmante debido a la disminución drástica de visitantes.
Declaratoria de calamidad pública y respuesta institucional
Frente a esta situación crítica, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Bolívar informó que el municipio de Santa Catalina declaró formalmente la situación de calamidad pública mediante el Decreto No. 036 del 5 de febrero de 2026. Este documento reconoce expresamente las afectaciones causadas por frentes fríos, ciclones tropicales y erosión costera durante la vigencia del año 2026.
En el acto administrativo se incluyen impactos específicos en Loma de Arena, tales como:
- Inundaciones recurrentes que afectan viviendas y espacios comunitarios
- Destrucción total o parcial de kioscos playeros y estructuras turísticas
- Afectación directa a numerosas familias que dependen de actividades costeras
- Deterioro significativo de infraestructura comunitaria básica
Procedimientos pendientes y responsabilidades institucionales
La entidad departamental precisó que, conforme a la Ley 1523 de 2012, la responsabilidad principal en la gestión del riesgo recae directamente en el alcalde municipal, quien debe liderar la respuesta integral, coordinar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y formular el Plan de Acción Específico para la Respuesta ante emergencias.
La Oficina indicó que, aunque el municipio comunicó formalmente la declaratoria de calamidad pública, hasta la fecha no ha elevado solicitud formal de ayudas específicas ni ha gestionado la activación del Registro Único de Damnificados (RUD) ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según la normativa vigente, el registro oficial de personas y familias afectadas debe ser diligenciado obligatoriamente por el municipio para que las cifras sean reconocidas a nivel departamental y nacional.
Mientras no se cumplan estos procedimientos administrativos esenciales, la Oficina Departamental señaló que no es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre indemnizaciones específicas o ayudas económicas directas para la comunidad afectada. Esta situación genera incertidumbre adicional entre los habitantes de Loma de Arena, quienes enfrentan no solo las consecuencias ambientales y económicas, sino también demoras burocráticas que prolongan su vulnerabilidad.
Los líderes comunitarios han enfatizado que la situación actual compromete severamente la seguridad alimentaria y el bienestar general de la población, requiriendo atención inmediata y soluciones estructurales que vayan más allá de las declaraciones formales.
