Una nueva alerta de seguridad judicial se ha encendido en Puerto Colombia, Atlántico, luego de que circularan amenazas de muerte dirigidas a jueces del municipio. Las intimidaciones, realizadas a través de mensajes de WhatsApp y panfletos físicos, han llevado a la administración local a solicitar medidas urgentes de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Contenido de las amenazas
De acuerdo con información oficial, los mensajes amenazantes estarían firmados por un grupo que se autodenomina “Los Porteños”, el cual advierte represalias contra los funcionarios judiciales si no acceden a favorecer sus intereses en procesos penales y de tierras. El contenido de los panfletos es explícito: exige la liberación de personas privadas de la libertad presuntamente vinculadas a esa estructura y la intervención en decisiones relacionadas con la restitución o control de predios. Además, incluye amenazas directas contra la integridad de los jueces, señalando que tienen conocimiento de sus rutinas diarias, lugares de residencia y desplazamientos.
Solicitud de protección y reacción institucional
Ante la gravedad de los hechos, la Alcaldía confirmó que este jueves radicará una solicitud formal ante la UNP para que se evalúen esquemas de protección para los jueces de la jurisdicción. La medida busca prevenir cualquier acción violenta y garantizar el ejercicio independiente de la función judicial. El jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Saúl Leiva, explicó que, tras conocerse las amenazas, se activaron protocolos de reacción inmediata en coordinación con la Policía Nacional.
“Desde que tuvimos conocimiento de estas intimidaciones, se ordenaron acciones de verificación para establecer la autenticidad del material y se desplegaron medidas de vigilancia en los lugares de trabajo y residencia de los jueces”, indicó el funcionario.
Refuerzo de seguridad y monitoreo
Entre las acciones adoptadas se encuentra el incremento de patrullajes en las zonas donde residen los funcionarios judiciales, así como en las sedes donde desempeñan sus labores. También se implementaron esquemas de monitoreo permanente para identificar posibles riesgos adicionales. Las autoridades buscan, además, determinar el origen de los panfletos y establecer si efectivamente corresponden a una estructura criminal con presencia en la zona o si se trata de intimidaciones sin capacidad operativa real. Para ello, se adelantan labores de inteligencia en articulación con organismos de seguridad del Estado.
Como parte de la respuesta institucional, la Alcaldía de Puerto Colombia convocó a un consejo de seguridad extraordinario que se llevará a cabo la próxima semana. En este espacio participarán autoridades locales, fuerza pública y organismos de investigación, con el fin de evaluar la situación y definir nuevas medidas.
“No vamos a permitir que estas amenazas afecten la labor de los jueces ni la confianza en la institucionalidad. Estamos trabajando para garantizar su seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”, afirmó un portavoz de la Alcaldía. El objetivo es fortalecer la coordinación interinstitucional y adoptar decisiones que permitan garantizar la seguridad no solo de los jueces, sino también de otros actores del sistema judicial que pudieran estar en riesgo.
Riesgos para la independencia judicial
Expertos en seguridad han advertido de manera reiterada que este tipo de amenazas representan un riesgo directo para la independencia de la justicia, especialmente en territorios donde confluyen intereses ilegales relacionados con tierras, narcotráfico u otras economías criminales. La presión sobre jueces mediante intimidaciones busca, en muchos casos, incidir en decisiones judiciales o generar temor que limite su accionar. Por ello, las medidas de protección resultan clave para preservar el Estado de derecho.
El caso de Puerto Colombia se suma a otros episodios registrados en distintas regiones del país, donde funcionarios judiciales han sido blanco de amenazas por parte de organizaciones ilegales. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen de estas intimidaciones, la prioridad de las autoridades es blindar a los jueces y garantizar que puedan continuar ejerciendo sus funciones sin presiones externas.
La intervención de la UNP será determinante en los próximos días para definir el nivel de riesgo y las medidas de protección que se implementarán en este caso, en medio de un panorama que vuelve a poner sobre la mesa los desafíos en materia de seguridad para la justicia en Colombia.
