La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han exigido la liberación inmediata y sin condiciones de cuatro funcionarios que fueron secuestrados en Arauca el año pasado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambas entidades subrayaron que el respeto por la vida, la integridad y la libertad es un principio fundamental del Estado Social de Derecho, consagrado en la Constitución de 1991.
Identidad de los secuestrados
Los funcionarios privados de la libertad son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI, así como Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Policía Nacional. La Corte y la Fiscalía hicieron un llamado enfático a garantizar su vida y libertad.
Llamado a la paz
En su declaración, las instituciones advirtieron que crímenes como el secuestro frustran los esfuerzos por superar la violencia en Colombia. Recordaron que décadas de conflicto armado han demostrado que este delito deja graves consecuencias en las víctimas, sus familias y la sociedad en general.
“Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional, secuestrados por el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca el año pasado, deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada”, señalaron las autoridades.
Este caso sigue en desarrollo y se espera que las autoridades continúen informando sobre cualquier avance en la liberación de los secuestrados.
