Ofensiva militar en Catatumbo contra disidencias de 'Calarcá' deja víctimas civiles por ataque con drones
Las Fuerzas Militares colombianas han desplegado una ofensiva integral contra el frente 33 de las disidencias de 'Calarcá' en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Esta operación, que involucra al Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, se desarrolla en medio de una escalada de violencia que ha puesto nuevamente en riesgo a la población civil.
Operaciones militares con uso de artillería
Según información oficial, las acciones castrenses se concentran en múltiples puntos de la región con el empleo de artillería pesada para golpear al grupo armado organizado residual conocido como GAO-r Estructura 33. Las operaciones, que continúan en desarrollo, tienen como objetivo principal debilitar la presencia de estas estructuras criminales en el nororiente del país y recuperar el control territorial que habían establecido en zonas estratégicas.
Fuentes militares confirmaron que las tácticas implementadas buscan neutralizar la capacidad operativa del grupo disidente, que ha mantenido una fuerte influencia en la región a través del control de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita.
Ataque con drones deja víctimas civiles
En paralelo al despliegue militar, autoridades locales alertaron sobre nuevos hechos de violencia que afectan directamente a comunidades rurales. La Personería Municipal de El Tarra informó que el 6 de abril de 2026 se registró un ataque en la vereda Cuatro Esquinas mediante el lanzamiento de artefactos explosivos desde drones.
Este incidente dejó un saldo trágico de al menos un civil fallecido y cuatro heridos, según la versión oficial del Ministerio de Defensa. Anteriormente, la Personería había reportado dos civiles gravemente heridos en el mismo evento, evidenciando la gravedad de la situación.
La entidad municipal expresó su profunda preocupación por estos hechos que se vienen repitiendo en veredas cercanas al corregimiento de Filo Gringo, donde las comunidades campesinas han quedado expuestas a acciones armadas de manera constante.
Pronunciamiento del Gobierno y medidas de respuesta
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió directamente a los acontecimientos, vinculando los ataques con disputas por economías ilegales en la región. "La sed del narcotráfico y la minería ilegal del cartel del Eln y del cartel de la E-33 de alias 'Calarcá', los ha llevado a cometer los peores crímenes contra la población", afirmó el funcionario.
Sánchez calificó el ataque con drones como un acto terrorista dirigido contra una finca en la vereda Cuatro Esquinas, evidenciando "el desprecio de los carteles criminales por la vida y la tranquilidad de nuestras comunidades".
Como respuesta inmediata, el Gobierno ordenó el refuerzo de operaciones en la zona. "No vamos a ceder ante el terrorismo. He ordenado a las Fuerzas Militares y a la Policía el despliegue inmediato de todas las capacidades operacionales para dar con los responsables de este repudiable hecho", declaró el ministro.
Medidas adicionales y recompensa
Como parte de la respuesta institucional integral, se anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de los ataques y prevenir nuevas acciones violentas. Esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana en un territorio donde el miedo y la desconfianza han sido barreras tradicionales para la justicia.
La Personería Municipal, por su parte, reiteró su llamado a todos los actores armados para que se abstengan de ejecutar acciones en zonas habitadas, en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. "La población civil continúa siendo la principal afectada en el marco de este conflicto", señaló la entidad en su pronunciamiento oficial.
Esta situación en el Catatumbo representa un nuevo capítulo en la compleja dinámica de seguridad de la región, donde operaciones militares de gran escala coinciden con ataques tecnológicos contra la población civil, creando un escenario de alta vulnerabilidad para las comunidades que habitan estas zonas rurales de Norte de Santander.
