Gobierno reconoce crisis de seguridad en Sierra Nevada pero evita atribuciones penales directas
La escalada de violencia en el norte de Colombia ha vuelto a centrar la atención en la Sierra Nevada de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Los recientes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Aracataca han provocado desplazamientos forzados y han generado alertas sobre posibles riesgos para el proceso electoral, en un territorio donde los conflictos armados se han extendido hacia zonas del Cesar y La Guajira.
En paralelo, el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona por motivos de seguridad ha abierto un intenso debate sobre la influencia de estructuras ilegales en uno de los principales destinos turísticos del país. Esta medida ha expuesto las complejidades de la gobernanza en regiones históricamente afectadas por la violencia.
Posición oficial: reconocer el riesgo sin señalar autores específicos
Mauricio Silva, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa sociojurídica con las ACSN, admite abiertamente que existe un riesgo significativo en la zona. "Hay denuncias de amenazas y el grupo ejerce control territorial en amplias zonas de la Sierra", reconoce el funcionario. Sin embargo, mantiene una postura cautelosa al afirmar que no puede atribuir responsabilidad penal al grupo en los incidentes relacionados con el cierre del parque ni en los amedrentamientos a funcionarios, debido a la falta de investigaciones judiciales concluyentes.
"Una cosa es admitir la delicada situación de seguridad en el territorio y otra señalar autores específicos sin pruebas", explica Silva, marcando así la posición oficial en medio de las negociaciones y la presión institucional por resultados en materia de orden público.
El debate sobre el cierre del Parque Tayrona
Mientras las resoluciones oficiales mencionan factores climáticos, Silva reconoce que la decisión de cerrar el parque respondió principalmente a consideraciones de seguridad. Alertas de la Defensoría del Pueblo sobre riesgos de violencia por enfrentamientos entre grupos armados, amenazas directas a funcionarios del parque y el incremento de homicidios en la zona fueron determinantes.
El delegado gubernamental aclara que, aunque los enfrentamientos armados no ocurren dentro de los límites del parque, la situación general del territorio afecta inevitablemente a las comunidades aledañas y a la operación del área protegida. "Esta es la cuarta generación de una gobernanza criminal y delincuencial de cuarenta años", contextualiza Silva, subrayando la profundidad histórica del problema.
Negación de las ACSN y ausencia de investigaciones concluyentes
Frente a las acusaciones de instrumentalización de comunidades indígenas y amenazas a funcionarios, las Autodefensas Conquistadoras han negado categóricamente su participación. Silva, desde su rol en la mesa de negociación, afirma: "El grupo niega tener participación en los amedrentamientos a funcionarios del parque. Lo niega. Eso es lo que puedo decir desde la mesa de paz".
El funcionario insiste en la distinción entre reconocer la influencia del grupo en el territorio y atribuirle delitos específicos sin evidencia judicial. "No puedo construir una verdad oficial con base en rumores", argumenta, al tiempo que reconoce la existencia de amenazas, denuncias y un clima general de temor entre la población.
Extorsiones, control territorial y proceso de paz
Silva aborda también el tema de las extorsiones, reconociendo que es un problema extendido en la región. Relata un episodio revelador: "Hace seis meses el grupo sacó un comunicado diciendo que por un tiempo iba a dejar de extorsionar. Lo hizo. Y se disparó la extorsión en Santa Marta firmada como ACSN. Y resulta que nunca en la vida habían firmado una extorsión".
Este fenómeno ilustra la complejidad de distinguir entre acciones directamente atribuibles al grupo y aquellas cometidas por otros actores que utilizan su nombre. El control territorial de las ACSN es innegable, según Silva, y precisamente por eso el Gobierno mantiene conversaciones con ellos.
El proceso busca la transformación del territorio más que la simple desmovilización del grupo. Se avanza hacia la posible creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) progresiva, aunque Silva prefiere comunicar lo realizado más que lo planeado. Se han destinado recursos significativos, como 15 mil millones de pesos de la empresa de energía Aire, para apoyar esta transformación territorial.
Acuerdos electorales y perspectivas futuras
Recientemente se firmó un acuerdo para garantizar que las ACSN no interfieran en las próximas elecciones. Silva expresa confianza en su cumplimiento, basándose en experiencias previas durante elecciones atípicas en el Magdalena. "Si yo estoy sentado en una mesa y no confío en lo que la otra persona firma, ¿qué hago ahí?", cuestiona retóricamente.
El marco jurídico en discusión, la ley de sometimiento, contemplaría entre cinco y ocho años de cárcel para los integrantes del grupo que se acojan al proceso. La disposición a someterse a la justicia existe desde el inicio de las conversaciones, según el delegado gubernamental.
La suspensión condicionada de la extradición de Carmen Evelio Castillo (alias "Muñeca") y Fredy Castillo ha tenido impacto positivo en la mesa de negociación, manteniendo a los actores clave comprometidos con el proceso de paz.
Un equilibrio delicado entre negociación y seguridad
La posición del Gobierno, según la exposición de Silva, representa un equilibrio delicado: reconocer la grave situación de seguridad sin precipitar acusaciones penales, avanzar en la transformación territorial mientras se mantienen conversaciones con actores armados, y confiar en acuerdos sin descuidar las investigaciones judiciales pendientes.
La Sierra Nevada de Santa Marta continúa siendo un escenario complejo donde convergen conflictos históricos, intereses criminales y esfuerzos institucionales por construir paz. El cierre del Parque Tayrona ha visibilizado esta realidad, pero las soluciones requerirán tiempo, recursos y un enfoque integral que combine seguridad, justicia y desarrollo territorial.
