Fiscalía pide retirar beneficios de paz a disidentes de las Farc por crímenes en Catatumbo
Fiscalía pide retirar beneficios a disidentes por crímenes en Catatumbo

Fiscalía solicita revocación de beneficios de paz para disidentes del Frente 33

En un duro golpe a la estrategia de 'paz total', la Fiscalía General de la Nación ha presentado una solicitud formal al presidente Gustavo Petro para retirar los beneficios de voceros de paz a varios integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Estos individuos están señalados de cometer graves crímenes en la región del Catatumbo, al noreste del país.

Los imputados y sus presuntos delitos

La solicitud de revocatoria identifica específicamente a cuatro cabecillas: Carlos Eduardo García Téllez, conocido como 'Andrey Avendaño'; Jonathan Jair Narváez Quintero; Farby Edison Parra Parra, alias 'Richard'; y Javier Alonso Velosa García, identificado como 'Jhon Mechas'.

Según documentos judiciales, tres de estos hombres fueron formalmente imputados el 3 de marzo de 2026 por delitos que incluyen:

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  • Concierto para delinquir agravado
  • Homicidio en persona protegida
  • Desplazamiento forzado
  • Reclutamiento ilícito de menores de edad

Impacto humanitario en el Catatumbo

Las investigaciones judiciales, adelantadas ante un juzgado de control de garantías en Cúcuta, atribuyen a estos disidentes hechos que han dejado un devastador saldo de víctimas:

  1. 49 personas asesinadas en homicidios selectivos y combates
  2. 87 víctimas de desplazamiento forzado, con comunidades enteras obligadas a abandonar sus territorios
  3. 31 menores de edad reclutados de manera ilegal para actividades armadas

Además, se investigan conductas relacionadas con el tráfico y porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, lo que evidencia una continuidad de actividades delictivas pese a su participación en los diálogos de paz.

Disputas territoriales y fortalecimiento militar

La Fiscalía alerta sobre graves disputas territoriales entre estas disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en municipios estratégicos del Catatumbo como Tibú y El Tarra. Estas confrontaciones han generado un aumento significativo de la violencia en la región.

Según el ente acusador, el Frente 33 ha continuado fortaleciendo su capacidad militar mediante:

  • Adquisición y uso de tecnología avanzada, incluyendo drones para vigilancia y ataques
  • Estrategias sistemáticas para ampliar el control territorial
  • Acciones que afectan directamente a la población civil, generando desplazamientos masivos

Fundamento de la solicitud de revocatoria

La Fiscalía argumenta que estas acciones son incompatibles con el rol de voceros en los diálogos de paz. El documento oficial señala textualmente: "No merecen mantener el privilegio de la suspensión de las órdenes de captura", haciendo referencia a la persistencia de actividades armadas y delictivas por parte de estos individuos.

Paralelamente, el ente acusador ha solicitado reactivar la orden de captura contra alias 'Calarcá', otro integrante del mismo frente disidente, en medio de investigaciones que apuntan a la continuidad de sus actividades criminales.

Esta solicitud representa un desafío significativo para la política de 'paz total' del gobierno Petro, al evidenciar las dificultades de implementación en territorios donde grupos armados mantienen estructuras operativas activas y continúan cometiendo graves violaciones a los derechos humanos.

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