Ataque con drones en Catatumbo deja heridos y desplazados en medio de guerra entre grupos armados
La violencia en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, continúa escalando con métodos cada vez más sofisticados y letales. El pasado 6 de abril de 2026, mientras los combates entre las disidencias del Frente 33 de Calarcá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se recrudecían cerca del corregimiento de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, los habitantes de la vereda Cuatro Esquinas vivieron una noche de terror absoluto.
Artefactos explosivos lanzados desde drones explotaron en las inmediaciones de una vivienda, generando un incendio de considerables proporciones y obligando a varias familias a abandonar sus hogares de manera precipitada. Los residentes afectados se desplazaron hacia el casco urbano del municipio en busca de seguridad y protección ante la imposibilidad de permanecer en sus tierras.
Dos civiles gravemente heridos y desplazamiento forzado
El atentado dejó como saldo dos civiles con heridas de gravedad, quienes requirieron atención médica inmediata. Este incidente pone nuevamente en evidencia la degradación de un conflicto que ya no se libra únicamente con armas convencionales, sino que incorpora tecnologías que multiplican el riesgo para la población civil.
Según reportó la Personería Municipal de El Tarra en un comunicado oficial, los hechos ocurrieron en una zona ubicada a aproximadamente una hora del casco urbano, un área con presencia histórica de grupos armados ilegales. Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía activó rutas institucionales y mantuvo coordinación constante con entidades departamentales y nacionales para atender la emergencia humanitaria.
Una táctica de guerra que se expande con rapidez alarmante
El uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos ilegales en Colombia no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que ha escalado con velocidad preocupante. Desde el primer ataque documentado con esta modalidad, ocurrido el 26 de abril de 2024 en Argelia, Cauca, se han registrado 422 ataques con aeronaves no tripuladas en distintas zonas del país.
Las estadísticas son elocuentes:
- Se registra un ataque con drones cada día y cuatro horas en promedio
- El saldo humano supera las 328 personas afectadas entre muertos y heridos
- Las víctimas incluyen civiles, policías y militares
- El Catatumbo se ha convertido en epicentro de esta guerra aérea
Esta táctica se popularizó entre los grupos armados a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde el uso de drones militares demostró ser una alternativa más económica y menos costosa en términos de vidas propias que los enfrentamientos directos. Para organizaciones como el ELN y las disidencias de las FARC, la ecuación resultó igualmente conveniente.
Riesgos enormes para la población civil
Sin embargo, los riesgos de esta modalidad de guerra para la población civil son inmensos. Factores como:
- Las corrientes de viento impredecibles
- Maniobras equivocadas en el lanzamiento
- El peso mismo de los explosivos
Han derivado en tragedias que afectan a comunidades enteras, transformando veredas como Versalles, Filo Gringo y Pacelli en campos de batalla aéreos. Solo en el año pasado, la violencia en esta subregión obligó a cerca de 50.000 personas a abandonar sus hogares, una cifra que refleja el peso devastador del conflicto sobre comunidades que llevan décadas atrapadas entre actores armados.
Instituciones exigen respeto por la vida de los civiles
Las reacciones institucionales ante el ataque en la vereda Cuatro Esquinas no tardaron en llegar. El personero municipal, Jerson Andrey Figueroa Robles, fue enfático al señalar que los hechos representan una grave vulneración de derechos fundamentales, particularmente:
- El derecho a la vida
- La integridad personal
- La seguridad de los habitantes
La Personería calificó de inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores continúen siendo blanco de este tipo de acciones y lanzó un llamado urgente a los grupos armados para que se abstengan de operar en zonas habitadas y respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reaccionó desde su cuenta en la red social X y advirtió que los combates entre el Frente 33 de Calarcá y el ELN en el sector de Filo Gringo no se han detenido. Con un mensaje directo y sin rodeos, calificó estos hechos como crímenes y reclamó el derecho de la población del Catatumbo a vivir en paz.
Su publicación incluyó menciones directas al Ministerio del Interior, al Comisionado de Paz y a la Consejería de Derechos Humanos, en un gesto que evidencia la urgencia con la que la funcionaria reclama una respuesta del Estado más contundente y efectiva.
La Alcaldía de El Tarra, a su vez, rechazó públicamente los ataques, reiteró que la protección de la vida de los civiles es su prioridad máxima y pidió a los habitantes mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad en sus territorios.
Las voces institucionales coinciden en el diagnóstico de la gravedad de la situación, pero la pregunta que queda flotando sobre el Catatumbo es siempre la misma: ¿cuánto más deberá soportar una región que lleva demasiado tiempo pagando el precio de una guerra que no eligió? Mientras los drones continúan surcando los cielos de esta conflictiva zona, las comunidades campesinas enfrentan el dilema diario entre permanecer en sus tierras o buscar seguridad lejos del fuego cruzado.
