El Clan del Golfo: el gigante armado que busca la paz
En un momento histórico para Colombia, el Clan del Golfo, considerado la mayor estructura ilegal del país, está adelantando acercamientos para dejar las armas. Esta organización, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), nunca antes había alcanzado un despliegue territorial y operativo tan extenso como el actual.
Una estructura colosal
Según los registros más recientes de la Fuerza Pública, el Clan del Golfo cuenta con aproximadamente 9.840 integrantes, distribuidos en 3.328 combatientes armados y 6.512 personas en redes de apoyo. Esta cifra representa casi el 36% de los 27.000 miembros que conforman todas las organizaciones ilegales del territorio nacional.
La organización se estructura alrededor de un Estado Mayor Conjunto, seis bloques operativos y 39 subestructuras o frentes. Su crecimiento ha sido exponencial: entre 2022 y 2025, aumentó su pie de fuerza en un impresionante 140%, pasando de 4.099 a casi 10.000 integrantes.
Expansión territorial sin precedentes
La presencia del Clan del Golfo se ha duplicado en los últimos años. Mientras en 2022 ejercía influencia en 145 municipios de 13 departamentos, para 2025 su alcance se extendía a 296 municipios en 17 departamentos colombianos.
Actualmente, el grupo participa en cuatro de los trece focos de confrontación activos en el país:
- En la Sierra Nevada de Santa Marta contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra
- En el sur de Bolívar y el norte y nordeste antioqueño contra el ELN y el EMBF
- En las zonas de San Juan (Chocó) y Bajo Calima (Valle del Cauca), también en choque con el ELN
Estrategias de reclutamiento y financiación
El incremento masivo en el número de integrantes responde a una estrategia deliberada de reclutamiento que incluye la incorporación de perfiles estratégicos. Entre estos se encuentran antiguos mandos medios del ELN y de las extintas FARC-EP, así como exintegrantes de la Fuerza Pública, incluyendo soldados y suboficiales retirados del Ejército.
La organización ofrece atractivos incentivos económicos para captar nuevos miembros:
- Pagos mensuales desde 1,5 millones de pesos para informantes y puntos de apoyo
- Hasta 17 millones de pesos para los comandantes de frente
- Apoyos económicos directos a las familias de los integrantes
Diversificación criminal
El Clan del Golfo ha desarrollado un portafolio criminal extraordinariamente diversificado que va mucho más allá del narcotráfico tradicional. Sus principales fuentes de financiación incluyen:
- Narcotráfico: actividad fundacional del grupo
- Minería ilegal: actualmente su segunda fuente de ingresos
- Extorsión y cobro de "vacunas" o peajes
- Control de economías legales e ilegales en sus zonas de influencia
- Microtráfico, prostitución y contrabando
- Injerencia en contratos públicos
Transformación organizacional
Desde la captura de Dairo Antonio Úsuga ('Otoniel') en 2021, entonces máximo jefe del Clan del Golfo, la organización ha experimentado una transformación profunda. Abandonó el modelo basado en un clan familiar para adoptar una estructura colegiada encabezada por el Estado Mayor Conjunto.
Este cambio ha implicado ajustes operativos significativos:
- Expansión territorial más controlada
- Abandono de la violencia indiscriminada
- Adopción de ataques selectivos
- Confrontación directa con grupos rivales
- Trabajo sociopolítico con comunidades
Prioridades estratégicas
De acuerdo con la Base de Acciones del Conflicto de la FIP, en 2025 la mayoría de los hechos atribuidos al Clan del Golfo se concentraron en dos áreas principales:
- Afectaciones a la población civil (38,6%)
- Enfrentamientos con otras estructuras armadas (37,6%)
Estos datos sugieren que la prioridad del EGC no es la confrontación directa con el Estado, sino afianzar su control territorial y regular las economías y dinámicas sociales en las zonas donde opera.
El camino hacia la negociación
En el marco de la Paz Total promovida por el gobierno nacional, el Clan del Golfo ha intensificado sus esfuerzos por dotar de sustento ideológico su proyecto armado. La organización busca construir una plataforma política apoyada en sus estatutos y documentos internos, aunque en la práctica funciona como un holding criminal enfocado principalmente en la generación de rentas.
Los acercamientos actuales para dejar las armas representan un momento crucial para la seguridad nacional colombiana, dado el poder acumulado por esta estructura que hoy constituye el principal desafío en materia de seguridad para el país.
