El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó como un "secuestro" la retención de aproximadamente 1.200 personas por parte de un grupo de la comunidad indígena embera en la sede de su despacho en Bogotá. La jornada terminó con un balance amargo y declaraciones contundentes, luego de que una facción de la comunidad embera mantuviera atrapados a funcionarios y trabajadores durante horas.
Bloqueo y uso de la fuerza pública
Según el relato del ministro, las acciones violentas impidieron la entrada y salida de las instalaciones, transformando un reclamo social en una situación de orden público. Por primera vez, el despacho autorizó el uso de la fuerza para restablecer la normalidad, aunque Benedetti aclaró que no se reportaron heridos. "Lo que ha pasado hoy es bastante grave", denunció al cierre de la noche.
Exigencias económicas recurrentes
Detrás de la toma del edificio se encuentra una lista de peticiones recurrentes: recursos económicos para financiar el retorno a sus territorios, mesas de concertación con el Estado y beneficios específicos por parte del Bienestar Familiar. Sin embargo, Benedetti lanzó una advertencia clara: "Todo esto se les ha dado". El ministro explicó que existe un ciclo que se repite periódicamente: los grupos que protagonizaron los disturbios suelen presionar por dinero, regresan temporalmente a sus resguardos y, tras unos meses, vuelven a la capital para iniciar nuevas movilizaciones bajo las mismas demandas.
Divisiones internas en la comunidad embera
La situación actual de la comunidad embera en la capital parece estar marcada por la división. El jefe del Ministerio distinguió entre un grupo pacífico, con el que mantienen canales de diálogo abiertos, y una facción violenta que —según sus palabras— llega incluso a impedir que el Bienestar Familiar verifique el estado de salud de los niños de su propia comunidad. "Uno les da la plata para el tema del retorno, están tres, cuatro meses, y vuelven otra vez", enfatizó Benedetti, señalando el desgaste que generan estas dinámicas.
La decisión de intervenir con la fuerza pública marca un precedente en su gestión, una medida que el ministro justificó ante la magnitud del bloqueo y la necesidad de garantizar la integridad de los más de mil trabajadores retenidos en el inmueble. Las autoridades continúan monitoreando la situación para evitar nuevos incidentes.
