Asesinato del periodista Mateo Pérez reabre dudas sobre la voluntad de paz de 'Calarcá' y futuro de la mesa de diálogo
Un equipo negociador de carácter humanitario se internó en las veredas de Briceño, en el norte de Antioquia, y recuperó el cuerpo de Mateo Pérez, un joven periodista y estudiante de Ciencias Políticas. Pérez fue secuestrado por los disidentes del 'frente 36' de la facción comandada por Alexánder Díaz, alias ‘Calarcá’, y posteriormente fusilado frente a la comunidad.
El fundador de la revista independiente ‘El Confidente’ viajó hasta este municipio, uno de los enclaves de las acciones violentas de al menos tres grupos armados, para documentar el conflicto. Horas antes de que se reportara su desaparición, hubo un enfrentamiento entre los disidentes y el Ejército sobre el que estaba indagando.
Pérez entrevistó a habitantes de la zona y estaba terminando de tejer esa red de contactos para hacer una radiografía de la situación humanitaria y del escalamiento de la crisis de orden público en una región que se ha convertido en corredor estratégico de estructuras ilegales. De hecho, se comunicó con funcionarios de la Alcaldía de Briceño, quienes le alertaron sobre el riesgo que corría si seguía escudriñando estos temas. Horas después fue detenido en la vereda El Hoyo por hombres armados del frente 36 de las disidencias, quienes reciben órdenes de John Edison Chalá Torrejano, alias ‘Chalá’. Posteriormente, fue asesinado.
Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, este cabecilla habría sido enviado desde el Cauca para suceder a alias ‘Primo Gay’, ambos bajo la batuta de ‘Calarcá’, quien tiene cupo en la ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro, no obstante encabezar el organigrama de un grupo que seguiría asesinando y traficando drogas. De hecho, a esa estructura se le atribuyen crímenes de guerra como el derribamiento de un helicóptero de la Policía en agosto pasado, en zona rural de Amalfi, Antioquia. En esa acción criminal fueron asesinados 13 uniformados.
Estos hechos se suman a los ruidos por la supuesta infiltración de estas disidencias en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército, pues en los correos extraídos de los computadores de ‘Calarcá’ —quien fue capturado y dejado en libertad en julio de 2024— se menciona a funcionarios como Wilmar Mejía y al general Juan Miguel Huertas como supuestos colaboradores.
Y, aunque fue fijada la audiencia de imputación de cargos en su contra para el próximo 12 de mayo, ‘Calarcá’ hoy sigue teniendo fuero de negociador de paz y mantiene gabelas como la suspensión de la orden de captura. Tras el asesinato del periodista, se reavivó la polémica sobre estos beneficios, pese a las nuevas páginas que se anexan a su dosier criminal.
“Calarcá es el protegido de Petro, Calarcá y todos sus secuaces. Y ahora han convertido a criminales... en gestores de paz que ahora se toman la libertad de desaparecer periodistas. Usted mira la capacidad operativa de la fuerza pública y es bastante buena en contra del ‘Clan del Golfo’, es bastante buena contra el frente 18 de las disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Mordisco’, pero a ‘Calarcá’ no lo tocan para nada, ni tampoco a ‘Primo Gay’ ni tampoco a alias ‘Chalá’, que es un bandido que ‘Calarcá’ mandó traer del Cauca. Entonces, aquí lo que hay es una situación bastante compleja. Yo he insistido muchísimo. Yo no sé qué es lo que se hace ‘Calarcá’ en el gobierno Petro que llega a estos niveles de tolerancia”, le dijo a este diario el gobernador Rendón.
El crimen contra el periodista también agita el tablero sobre el futuro de las negociaciones enmarcadas en la ‘paz total’, específicamente las que sostiene el Gobierno con las disidencias de ‘Calarcá’, que ya completaron siete ciclos de diálogos sin voluntad de paz de sus cabecillas.
Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, este episodio desnuda varios problemas de la mesa de diálogo, entre ellos la fragilidad de un mando unificado. “Una de las características necesarias para sentarse a hablar con un grupo es que exista una jerarquía clara. Este tipo de organizaciones ejerce violencia para controlar el territorio y, para ello, usa la violencia homicida. Es importante entender el tipo de violencia que ejercen y cómo controlan a la población civil: la libertad de las personas, el ingreso a los territorios, entre otros aspectos. En lugares como Briceño, las autoridades no pueden controlar el territorio. Y ahí están los errores de la paz total: específicamente, cuáles son los compromisos que se están poniendo sobre la mesa y cuáles se están incumpliendo, entre otras razones, por no existir una jerarquía clara”.
Para la analista del conflicto, el camino es condicionar los beneficios otorgados a los disidentes en las negociaciones. “Toca hacer un pare y evaluar. El Gobierno debe ser honesto y mirar hacia dónde va el proceso. Porque además hay conversaciones cruzadas entre el presidente Petro y Armando Novoa. Si la línea es la paz territorial, entonces hay que revisar hasta qué punto el frente 36 está involucrado y cuál es realmente su jerarquía de mando”, agregó.
Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, también lee estos hechos como “señales evidentes” de la nula voluntad de paz del grupo armado, pero además del “fraccionamiento” del Estado Mayor de Bloques y Frentes.
“Cada frente pareciera hacer lo que quiere. Es urgente que la Fiscalía tome la decisión de acelerar la imputación y agregar este nuevo hecho para que se adopte una decisión unilateral de reactivar las órdenes de captura. Y, por último, es urgente que el Gobierno acelere un octavo ciclo de negociación, porque la pérdida de credibilidad de este proceso obliga a que los negociadores, garantes y acompañantes examinen la voluntad de paz de los cabecillas y se tome una decisión sobre su continuidad. Por ejemplo, quitarle el fuero de negociador a ‘Calarcá’”, concluyó el experto.
