La Gobernación del Valle del Cauca inició este viernes 8 de mayo el análisis técnico para una posible declaratoria de emergencia humanitaria en el departamento. La medida responde al progresivo deterioro en la prestación de servicios médicos, la fuga de talento humano y el incremento desmedido de las deudas que las EPS mantienen con la red hospitalaria pública y privada, situación que ha generado barreras críticas de acceso para los usuarios.
Causas de la posible declaratoria de emergencia
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, calificó la situación actual como una "crisis humanitaria" derivada del impago sistemático a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Según la mandataria, la problemática se ha agudizado por la falta de giro oportuno y completo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que impide que los hospitales cuenten con la liquidez necesaria para operar.
Por su parte, la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, detalló que en el último año se han clausurado aproximadamente 2.000 servicios de salud. Esta reducción de la oferta instalada no obedece únicamente a decisiones administrativas, sino a la imposibilidad de sostener el recurso humano especializado necesario para la atención de patologías complejas.
Panorama financiero y discrepancias en la cartera
El aspecto económico es uno de los factores más críticos en la evaluación de la emergencia sanitaria. Las autoridades de salud han alertado sobre una situación financiera que amenaza la sostenibilidad de la red de prestadores de servicios y que requiere acciones inmediatas para evitar un colapso mayor en la atención a la población.
Según los informes oficiales, la cartera acumulada de la red de salud se acerca a los $7 billones, una cifra que refleja el desfase histórico entre la prestación del servicio y el reconocimiento efectivo de los recursos. A esto se suma un crecimiento mensual estimado del 30% en las deudas, lo que indica que la brecha financiera no se está cerrando, sino que se amplía de manera acelerada.
En términos de flujo de caja, la situación es igualmente preocupante: durante el último mes, los pagos recibidos por las IPS no superaron el 34% de la facturación total, lo que limita su capacidad operativa para cubrir nómina, insumos y gastos fijos.
A este panorama se agrega una discrepancia técnica entre las cifras reportadas por las EPS y las IPS. Mientras los hospitales y clínicas contabilizan como cartera toda factura radicada, las EPS aplican glosas, devoluciones o ajustes que impiden la conciliación de las cuentas. Esta diferencia metodológica no solo dificulta el diagnóstico preciso del déficit, sino que obstaculiza cualquier estrategia de saneamiento financiero del sector, ya que no existe un número único y validado sobre el cual actuar.
Ante este escenario, expertos y representantes del sector salud insisten en la necesidad de establecer mecanismos de transparencia, auditoría conjunta y cronogramas de pago extraordinarios que permitan destrabar la cartera y garantizar que los recursos lleguen a tiempo a quienes prestan el servicio en la primera línea de atención.
Acciones institucionales y mediación nacional
Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación del Valle ha solicitado formalmente la creación de una Mesa Técnica con la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. El objetivo es que estos entes de control medien con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones prontas al flujo de recursos.
Paralelamente, la administración departamental realiza un seguimiento estricto a la contratación de las EPS y a las rutas de atención para verificar que se cumpla desde la promoción y prevención hasta la alta complejidad. Como medida de mitigación, se mantienen activos programas como la Defensoría del Paciente y las Jornadas de Desconcentración de Servicio, que han brindado atención especializada a más de 17.000 personas en diversos municipios del Valle.
