Defensoría del Pueblo declara alerta máxima en municipios de Nariño por confrontaciones armadas y ataques con drones
La Defensoría del Pueblo ha emitido la quinta Alerta Temprana de Inminencia correspondiente al año 2026, dirigida específicamente a los municipios de El Peñol y El Tambo, ubicados en el departamento de Nariño. Esta advertencia oficial se activa ante el riesgo creciente e inminente que enfrenta la población civil debido a las violentas confrontaciones armadas y, de manera especialmente alarmante, al empleo de drones cargados con explosivos por parte de grupos ilegales.
Dos dinámicas de violencia que generan un escenario de alto riesgo
Según el detallado informe de la entidad defensorial, el escenario de riesgo crítico obedece a dos dinámicas principales y concurrentes. La primera es una feroz disputa territorial por el control estratégico del corredor vial de Guambuyaco, considerado un eje vital para la movilidad de tropas y para el tránsito de economías ilícitas. En esta zona, el frente Franco Benavides, perteneciente al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las disidencias conocidas como “Mordisco”, está llevando a cabo un agresivo proceso de expansión. Este avance genera choques directos con la presencia de otros grupos armados organizados, como los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.
La segunda dinámica, calificada por la Defensoría como de extrema gravedad, es el uso recurrente y cada vez más sofisticado de drones adaptados con cargas explosivas y otros artefactos improvisados. Estos artefactos están siendo empleados en ataques dirigidos contra estaciones de Policía y sedes administrativas gubernamentales, incluyendo de manera destacada la Alcaldía municipal de El Peñol. Estos ataques con drones, que se han intensificado notablemente desde noviembre de 2025, están ocurriendo en zonas urbanas y centros poblados, poniendo en peligro tanto a la fuerza pública como, de manera indiscriminada, a la población civil.
Consecuencias humanitarias graves y extensión del conflicto
La alerta emitida cobija específicamente los cascos urbanos de El Tambo y El Peñol, así como varios corregimientos y veredas en ambos municipios, donde se concentra la confrontación armada y, por ende, el mayor riesgo para los habitantes. La Defensoría advirtió que ya se han generado graves consecuencias humanitarias, entre las que se reportan:
- Civiles afectados directamente por explosivos.
- Homicidios selectivos.
- Un desplazamiento forzado masivo de 124 familias, incluyendo población indígena, ocurrido en diciembre de 2025.
Asimismo, el organismo alertó sobre el ejercicio de una “gobernanza armada” por parte de los grupos ilegales. Este control se manifiesta mediante la instalación de vallas y banderas en el territorio, la imposición de normas de conducta difundidas a través de WhatsApp y panfletos, y la coacción a la población para conformar supuestas “guardias campesinas” con el objetivo de obstaculizar la acción legítima de la fuerza pública.
Poblaciones en especial vulnerabilidad y recomendaciones urgentes
La Defensoría señaló un riesgo particularmente elevado para niñas, niños y adolescentes, quienes están expuestos al reclutamiento forzado y a los combates y explosiones que ocurren peligrosamente cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil. También se advirtió sobre amenazas concretas contra la autonomía y el gobierno propio de las comunidades indígenas, así como contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, quienes han sido víctimas de amenazas, instrumentalización y citaciones obligatorias a reuniones clandestinas.
En las áreas rurales, la Defensoría denunció que los campesinos enfrentan riesgos adicionales por la contaminación de sus territorios con minas antipersonal y por severas restricciones a su movilidad. De igual forma, servidores públicos y transportadores han sido blanco directo de amenazas y ataques contra la infraestructura oficial.
Frente a esta crisis, la Defensoría del Pueblo emitió un total de 16 recomendaciones urgentes dirigidas a distintas autoridades del Estado. Entre las más destacadas se encuentran:
- Un llamado al Ministerio del Interior, a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para que coordine acciones inmediatas.
- Una solicitud al Ministerio de Defensa para que implemente con celeridad estrategias antidrones y opere planes de desminado humanitario.
- Un requerimiento a la Unidad Nacional de Protección y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que refuercen las medidas de protección para líderes sociales, comunidades étnicas y la población menor de edad.
Adicionalmente, se pidió a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz verificar el cumplimiento de acuerdos sobre desminado y no reclutamiento; a la Gobernación de Nariño, asignar recursos para proyectos de prevención; al Ministerio del Interior, fortalecer el gobierno propio indígena; y a la Fiscalía General de la Nación, avanzar con decisión en las investigaciones por las amenazas y ataques contra líderes sociales.
