Mapa exclusivo revela 14 zonas de guerra entre grupos armados por control de coca y minería ilegal
En los últimos años, Colombia ha experimentado un incremento sostenido en la presencia y capacidad de los grupos armados ilegales en diversas regiones del territorio nacional. Según estimaciones oficiales de las autoridades, estas estructuras criminales cuentan actualmente con aproximadamente 27.000 integrantes, incluyendo combatientes y redes de apoyo, lo que refleja una expansión territorial y criminal significativa en múltiples zonas del país.
Un fenómeno inédito en la historia del conflicto
Expertos en seguridad y conflicto armado advierten sobre un fenómeno que califican como completamente inédito: la existencia simultánea de al menos 14 territorios en disputa directa entre organizaciones armadas ilegales. Estas zonas se encuentran distribuidas en regiones estratégicas del país donde la presencia directa de la Fuerza Pública es limitada, convirtiéndose en bastiones del narcotráfico, la minería ilegal y otros crímenes conexos.
El análisis de Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que estos 14 escenarios de disputa representan una situación "en cantidad e impactos humanitarios bastante inéditos" en la historia del conflicto armado colombiano. "La magnitud de estos choques, tanto por su número como por su distribución en distintas regiones, marca un punto de inflexión en la dinámica de la violencia", afirma el experto.
Distribución geográfica de las confrontaciones
El mapa exclusivo al que tuvo acceso nuestra redacción ubica estos puntos de disputa en 12 departamentos del país:
- Suroccidente: Municipios como Puerres y Puerto Guzmán (Nariño) e Inzá (Cauca), donde estructuras como los Comandos de Frontera, disidencias de las antiguas FARC (incluyendo las de 'Iván Mordisco') sostienen enfrentamientos por control territorial.
- Chocó: En el municipio de Bajo Baudó, donde se reportó uno de los enfrentamientos más recientes el 3 de abril de 2026 entre el ELN y estructuras asociadas al 'clan del Golfo'.
- Antioquia: En Briceño, donde el mismo 3 de abril de 2026 se registró combate entre la estructura 36 de las disidencias de 'Calarcá' y el 'clan del Golfo'.
- Región Caribe: En Morales (Bolívar) y Aracataca (Magdalena), con confrontaciones entre frentes del 'clan del Golfo' y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
- Nororiente: En Tibú y Ocaña (Norte de Santander), con enfrentamientos entre estructuras del ELN, disidencias del Frente 33 y otros grupos armados.
- Orinoquía y Amazonía: En El Retorno (Guaviare), Solano (Caquetá), Sácama (Casanare) y Puerto Colombia (Guainía), con confrontaciones documentadas entre octubre de 2025 y enero de 2026.
Consecuencias humanitarias y desafíos estatales
Las consecuencias de estas disputas territoriales ya se reflejan dramáticamente en los territorios afectados:
- Confinamientos de comunidades enteras que no pueden moverse libremente
- Desplazamientos forzados de poblaciones que huyen de la violencia
- Secuestros y desapariciones que aumentan en zonas de confrontación
- Amenazas constantes contra líderes sociales y comunidades
- Aumento de homicidios en regiones como El Catatumbo y Arauca
"El impacto, además, recae con mayor fuerza sobre poblaciones vulnerables, especialmente mujeres y niños", señala el investigador Arias, quien agrega que este panorama impone retos complejos para el Estado colombiano.
Economías ilegales como motor del conflicto
El mapa también identifica zonas donde coinciden actividades de minería ilegal y economías asociadas al narcotráfico, lo que refuerza el interés de los grupos armados en mantener control territorial. Estas áreas aparecen señaladas como puntos de explotación de oro, dragado y otros recursos naturales, en regiones donde la presencia estatal es particularmente limitada.
Las 14 zonas descritas configuran un escenario de confrontación directa entre estructuras ilegales, sin intervención operativa de la Fuerza Pública en los enfrentamientos registrados. Cada punto está acompañado por la fecha del último combate reportado, lo que permite establecer la vigencia continua de las disputas en cada territorio.
Este panorama no solo deja a las comunidades atrapadas en medio de la confrontación, sino que genera retos significativos de atención por parte de organismos humanitarios como la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA) y organismos de Naciones Unidas.
Simultáneamente, incrementa el control territorial de los grupos armados y complica la respuesta de la Fuerza Pública, que enfrenta escenarios sin lineamientos claros y con riesgos significativos de afectar a la población civil o ser percibida como parte de la confrontación misma.
