Cuatro militares enfrentarán juicio oral por muerte de campesino en operación contra guerrilla
La Fiscalía General de la Nación ha llevado a juicio oral a cuatro miembros del Ejército Nacional por el presunto asesinato de un campesino durante una operación militar contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Bolívar. Los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2017 en zona rural del municipio de Arenal, donde se desarrollaba una misión para capturar a un cabecilla de esa guerrilla.
Los acusados y los hechos que cambiaron sus vidas
Los procesados son el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García. Todos formaban parte del Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, específicamente de un grupo élite de tiradores de alta precisión.
Su misión consistía en ubicar y capturar a alias Cusi, un temido cabecilla del ELN que operaba en la región para ese momento. Sin embargo, durante uno de los desplazamientos para cumplir con el objetivo, el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subalternos interceptar a dos hombres que caminaban por la zona.
Una respuesta desproporcionada con consecuencias fatales
Según la investigación de la Fiscalía, cuando los civiles se mostraron contrariados por el procedimiento y comenzaron a correr, los uniformados les dispararon con sus armas de dotación para evitar la huida. El resultado fue trágico: una de las personas murió en el acto, mientras que la otra fue detenida.
Lo más grave del caso, según el expediente a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, es que las dos víctimas no tenían ninguna relación con el ELN ni con alias Cusi, quien fue capturado horas después en otro punto del municipio.
Violación de protocolos y acusación formal
La Fiscalía sostiene que los uniformados actuaron de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos. En concreto, no adoptaron medidas para identificarse plenamente ante los campesinos, ni garantizaron que estos entendieran y atendieran la orden de detenerse antes de recurrir al uso letal de la fuerza.
Por estos hechos, el fiscal acusó formalmente ante un juez de la República a los cuatro militares por el delito de homicidio en persona protegida, figura jurídica que se aplica cuando la víctima se encuentra bajo la protección especial del Estado.
Un caso que pone en evidencia los desafíos operativos
Este proceso judicial se desarrolla en medio de un contexto complejo de operaciones militares contra grupos armados ilegales en zonas rurales de Colombia. El caso de Arenal, Bolívar, ilustra los riesgos y desafíos que enfrentan tanto las fuerzas militares como la población civil en estos escenarios de conflicto.
La investigación ha determinado que los campesinos fallecido y detenido eran civiles ajenos al conflicto, lo que refuerza la acusación de que los militares excedieron sus facultades y no siguieron los procedimientos establecidos para este tipo de operaciones.
