Debate en el Congreso expone divergencias sobre capacidad operativa de la Fuerza Aérea Colombiana
La Comisión Sexta del Senado fue escenario de un tenso debate sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Militares tras el accidente del avión Hércules C-130 ocurrido el 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 69 uniformados fallecidos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, enfrentó cuestionamientos de legisladores mientras defendía la gestión gubernamental y rechazaba calificaciones de obsolescencia sobre la aeronave siniestrada.
Versiones oficiales contrastan con informes técnicos preocupantes
Durante el control político, Sánchez Suárez aseguró que la tragedia no doblegará la moral de la Fuerza Pública y desmintió versiones sobre reducción de la flota, afirmando que Colombia mantiene 667 aeronaves operativas. Sin embargo, documentos recientes alertan sobre una crisis de mantenimiento por falta de recursos, creando un choque de narrativas sobre el estado real de la capacidad aérea militar.
El Comandante de la Fuerza Aeroespacial, General Carlos Silva, aportó datos técnicos indicando que el 68% de los aviones C-130 operados en 70 países tienen edad similar al FAC 1016. Reveló que la aeronave contaba con certificación vigente hasta 2027 y recibió mantenimiento mayor en 2023 con inversión superior a 11.500 millones de pesos.
Brecha presupuestal afecta disponibilidad de la flota
Informes gubernamentales exponen una realidad preocupante: las Fuerzas Militares solicitaron 53,4 billones de pesos para 2026 pero solo recibieron 21,2 billones. Esta limitación financiera ha provocado que la disponibilidad real de la flota aérea caiga al 61%, cifra por debajo de estándares internacionales recomendados.
El copiloto sobreviviente al impacto ya rindió declaraciones ante peritos, mientras la Fuerza Aeroespacial solicitó apoyo de expertos internacionales de Lockheed Martin y Rolls-Royce, quienes investigaron el lugar del siniestro para analizar restos de motores y estructura.
Infraestructura precaria y medidas anunciadas
El debate también reveló que el aeródromo donde ocurrió el accidente carece de torre de control y es operado por una alcaldía de sexta categoría. Ante esta precariedad, el Gobierno anunció aprobación de un CONPES por 13 billones de pesos destinado a modernización de equipos, aunque se reconoce que estos recursos no tendrán impacto inmediato en la operatividad actual.
La investigación continúa mientras persisten las divergencias entre versiones oficiales y datos técnicos sobre el estado real de la flota aérea militar colombiana tras la tragedia que conmocionó al país.
