En medio de la crisis de orden público que afecta a varias regiones del país, una nueva barrida de altos oficiales ha encendido las alarmas en diversos sectores relacionados con la seguridad nacional. En menos de tres meses, al menos 49 coroneles y mayores, algunos de los más experimentados del arma, fueron llamados a calificar servicios.
Contexto de los retiros
Estos movimientos ocurren tras el cambio en la cúpula de las Fuerzas Militares ordenado a finales de diciembre y forman parte de la reorganización iniciada en agosto de 2022 con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde entonces, unos 79 generales y almirantes de la Fuerza Pública han salido de sus instituciones, en una serie de ajustes que han tocado los principales niveles de mando. Varios analistas relacionan estos cambios con los malos resultados en el manejo del orden público de la actual administración.
La renovación alcanzó cargos estratégicos como el Comando General de las Fuerzas Militares y la comandancia del Ejército. Para algunos sectores, estos relevos responden a una reconfiguración natural del alto mando. Sin embargo, otros advierten que la salida simultánea de oficiales con experiencia podría afectar las capacidades internas en momentos de alta presión en materia de seguridad.
Disminución de efectivos
La disminución de personal en la Fuerza Pública se ha mantenido en los últimos años. Entre 2021 y 2025, el número de efectivos bajó de 459.695 a 402.228, lo que representa una caída del 13 por ciento, siendo el Ejército la institución más impactada. “No es solo el número de soldados que no se reemplazan, sino sus capacidades. Por edad de retiro o decisión propia se han ido muchos soldados profesionales, los más curtidos en la guerra contra las Farc. Esa pérdida se nota en las operaciones en terreno”, indicó a este diario un oficial.
Los coroneles, como oficiales superiores, cumplen un rol clave en el mando de unidades operativas, la planificación táctica, la ejecución de estrategias de seguridad y la interlocución con autoridades regionales. Su ausencia o disminución numérica podría generar vacíos en la cadena de mando, retrasos en la toma de decisiones o sobrecarga en otros niveles de la jerarquía.
Reparos en los procesos
La nueva purga quedó plasmada en cinco resoluciones conocidas por este medio. Tras revisar los documentos y consultar a analistas jurídicos, surgen reparos relacionados con fechas, competencias y la secuencia de trámites dentro del proceso de retiro de los oficiales.
Entre los actos administrativos revisados aparece la Resolución 002283 del 16 de marzo de 2026, registrada como sesión ordinaria. Allí se señala que la junta asesora se realizó el martes 17 de febrero, pese a que no correspondía al primer jueves del mes, como indica la norma. Además, la solicitud del comandante del Ejército quedó fechada el 24 de febrero, es decir, después de la reunión. En ese documento fueron retirados cuatro coroneles.
También figura la Resolución 004282 del 26 de abril, igualmente catalogada como sesión ordinaria. Según el texto, la junta asesora ocurrió el lunes 16 de marzo, mientras la solicitud del comandante quedó con fecha del 26 de marzo, diez días después. En ese acto se formalizó la salida de cinco coroneles más. A ese mismo grupo se suman las resoluciones 004283, 004763 y 004674, todas relacionadas con la junta asesora del 16 de marzo y en las que se oficializó la salida de otros 40 oficiales. Sin embargo, fueron expedidas en documentos separados y con diferencias en sus fechas de publicación, pese a tratarse de la misma acción administrativa aplicada a oficiales superiores.
Criterios de retiro cuestionados
A los aparentes líos con las fechas de las actas se suman los criterios usados para definir el retiro, especialmente el tiempo en servicio. Este fue el argumento para llamar a calificar servicios a coroneles y tenientes coroneles con trayectorias superiores a los 22 y 23 años.
Fuentes que conocen el proceso cuestionan también el papel que está jugando la polémica Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la definición de los oficiales que siguen o no en la carrera militar. Esa entidad, que el presidente Petro puso en manos de exintegrantes del M-19, se ha convertido en los últimos años en un poder que decide sobre las trayectorias militares, a pesar de que esa no es su función. “Hay una cacería de brujas en este momento. Y se habla de que viene en los próximos días una nueva barrida”, le dijo a este diario una fuente.
El papel de la DNI en la definición de los ascensos y retiros de altos oficiales de todas las fuerzas es un ruido en la Fuerza Pública y en el gobierno Petro. De hecho, recientemente la exjefe del Dapre Angie Rodríguez aseguró que el Presidente supuestamente descabezó a Carlos Fernando Triana como director de la Policía por un reporte apócrifo en el que se aseguraba que el general era cercano al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, uno de los más fuertes contradictores de Petro.
EL TIEMPO conoció que son varias las demandas que ya están en ciernes ante decisiones que los afectados consideran no fundadas en razones objetivas del servicio.
Impacto en la estructura militar
La mayor parte de los coroneles que acaban de ser notificados del retiro estaban próximos a iniciar el proceso de evaluación para ascenso, justo en un momento en el que la institución sigue sin resolver los efectos de la barrida de generales. También resulta llamativo que, entre el personal femenino retirado, predominen las abogadas, una de las profesiones del cuerpo administrativo con mayor demanda histórica.
El profesor de la Universidad Militar Nueva Granada César Niño dice que la salida masiva de oficiales de la Fuerza Pública tiene implicaciones en el contexto actual de seguridad y coyuntura política. Insistió en que los relevos son parte del funcionamiento institucional, pero subrayó que el momento político y el alcance de la barrida son inusuales. “Llama mucho la atención la salida de tantos oficiales al mismo tiempo y en un momento tan sensible de seguridad nacional como el que estamos viviendo”, enfatizó.
El académico planteó que la decisión se da en un escenario político particular. “El Gobierno Nacional se equivoca en hacer este tipo de relevos en un momento como este, porque coincide con una época electoral y coincide también con la etapa final del gobierno de turno, y eso provoca escenarios de incertidumbre”, afirmó. Y advirtió sobre posibles efectos en la estructura militar: “Esta señal puede obedecer también, entre otras cosas, a que podríamos estar viendo en el panorama algunos movimientos no solamente de los oficiales, sino también de la cúpula militar, y eso sería aún más preocupante”.
Respuesta del Ejército
EL TIEMPO consultó formalmente al Ejército sobre los interrogantes alrededor de las recientes salidas. Desde la institución aseguraron que el procedimiento al que hacen referencia las resoluciones está plenamente reglamentado y se ajusta al marco legal vigente.
A su vez, señalaron que las sesiones no son obligatorias los jueves, sino que su realización depende de las circunstancias, la agenda y la decisión del Ministro de Defensa y de los comandantes que participan. Indicaron, además, que en cada caso existe un expediente, el cual es presentado por el comandante de la respectiva fuerza y que la junta asesora adopta decisiones para dar continuidad al trámite administrativo. Posteriormente, el comandante de la fuerza y el nominador correspondiente firman y expiden el decreto o resolución correspondiente.
En el Ministerio no confirman que la Dirección de Inteligencia tenga un papel fundamental en la definición de las carreras que siguen activas en la Fuerza Pública.
