Procuraduría investiga a ministra Irene Vélez por omisiones en desbordamiento del río Sinú
La emergencia invernal que dejó más de 200 mil personas damnificadas en los departamentos de Córdoba y Sucre podría no haber sido un desastre natural inevitable, según revelaciones de la Procuraduría General de la Nación. El ente de control abrió investigación disciplinaria contra la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y actual ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, junto a otros seis altos funcionarios, por presuntas omisiones que habrían agravado el desbordamiento del río Sinú registrado en febrero pasado.
Negligencia operativa sistemática
Según el informe preventivo del Ministerio Público, la emergencia no fue un hecho fortuito ni imprevisible, sino la materialización de un riesgo que ya había sido advertido con anterioridad. La Procuraduría evidenció que se habría configurado una negligencia operativa sistemática que priorizó la generación de energía por encima de la seguridad de las comunidades ribereñas.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentra que la empresa Urrá S.A. E.S.P. habría mantenido de manera recurrente el embalse de la central hidroeléctrica Urrá por encima de la Curva Guía Máxima definida por la Comisión Nacional de Operaciones. Esta conducta, según el ente de control, implicaría una clara priorización de la producción energética sobre la regulación de caudales para prevenir inundaciones aguas abajo.
Señalamientos directos contra la ANLA
La acción disciplinaria apunta directamente a Irene Vélez y a Camilo Alexander Rincón Escobar, subdirector de Seguimiento de la ANLA, por una presunta falta de control oportuno frente a los incumplimientos detectados desde el año 2024. La Procuraduría fue enfática al señalar que la actuación de la autoridad ambiental habría sido "tardía y reactiva" frente a un patrón de incumplimientos sistemáticos previamente detectados y conocidos.
Además, se investiga un posible retraso en la expedición de actos administrativos para actualizar los parámetros técnicos del embalse, lo que habría contribuido a la magnitud del desastre. El documento oficial señala presuntos incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental por parte de la empresa operadora, así como una operación que habría desconocido parámetros técnicos clave en la gestión del embalse.
Otros funcionarios bajo investigación
El auto de apertura del proceso disciplinario también vinculó a otros altos funcionarios:
- Libardo Yanod Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
- Omar Camilo López, superintendente delegado de Energía y Gas Combustible
- Orlando Rodrigo Medina, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS)
- Enrique Kerguelén Méndez, presidente encargado de Urrá S.A. E.S.P.
- Juan Acevedo Rocha, expresidente de Urrá S.A. E.S.P.
Según la Procuraduría, pese a contar con información detallada sobre irregularidades en la operación de la central hidroeléctrica Urrá, estos funcionarios no habrían actuado de forma suficientemente proactiva para evitar la magnitud del desastre que afectó a miles de familias cordobesas y sucreñas.
Deficiencias en sistemas de prevención
El informe del Ministerio Público identificó múltiples deficiencias que habrían contribuido a la tragedia:
- Posibles excesos en los caudales de descarga autorizados desde el embalse
- Fallas críticas en la gestión del riesgo de desastres
- Deficiencias sustanciales en los sistemas de alerta temprana
- Omisiones en el control de intervenciones ilegales en humedales de la región
La Procuraduría ordenó la notificación formal de todos los investigados y la recolección exhaustiva de pruebas documentales dentro del proceso disciplinario. Este caso representa uno de los desastres ambientales más significativos de los últimos años en el Caribe colombiano, con consecuencias humanitarias que aún persisten en las comunidades afectadas.
