Violencia armada se intensifica en Santander mientras grupos en paz con el Gobierno se enfrentan
La Corporación Jurídica Yira Castro ha emitido una alerta urgente sobre el dramático deterioro de la situación humanitaria en San José de los Chorros, Santander, donde la población civil queda atrapada en medio de violentas confrontaciones entre grupos armados que actualmente mantienen mesas de diálogo de paz total con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Comunidades atrapadas en el fuego cruzado
Según el comunicado emitido este 27 de marzo, las comunidades de esta zona del departamento de Santander enfrentan señalamientos, persecución, restricciones severas a la movilidad y afectaciones directas contra líderes y lideresas sociales. "Nos preocupa especialmente que, una vez más, la población civil quede atrapada en medio de las confrontaciones", advierte la organización defensora de derechos humanos.
El documento subraya que estas dinámicas violentas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que "fracturan profundamente el tejido social y comunitario", generando un clima de temor e incertidumbre que trasciende los límites del lugar de los hechos y alcanza a poblaciones vecinas.
Presencia de grupos armados en diálogo de paz
El deterioro humanitario ocurre precisamente en medio de la presencia y movimientos de dos actores armados que participan en procesos de paz con el Gobierno nacional: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo.
La Defensoría del Pueblo confirmó que las ACSN habrían ingresado al territorio por el río Lebrija hasta el sector conocido como El Muelle. Según reportes recibidos por la entidad, presuntos integrantes de esta estructura armada retuvieron y sometieron a actos de tortura a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo, para posteriormente darle muerte.
Horas después se conoció un segundo homicidio en la zona, evidenciando lo que la Defensoría calificó como "un escalamiento alarmante de la violencia" con graves afectaciones a la vida, la integridad y la dignidad humana.
Intimidaciones y amenazas masivas
La situación se agrava con reportes de que presuntos miembros de las ACSN han lanzado intimidaciones y han manifestado su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil. Las amenazas incluyen posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario.
Algunos habitantes han sido señalados de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo, reproduciendo una lógica de guerra que deja a las comunidades en el centro de las confrontaciones, acusándolas de pertenecer a uno u otro bando y "castigándolas" con amenazas y violencia.
Expansión del riesgo a comunidades vecinas
La Corporación Jurídica Yira Castro advierte que los efectos de esta violencia se están extendiendo a otras comunidades cercanas, que enfrentan riesgos reales para su vida, integridad y permanencia en el territorio. En veredas como La Ceiba, la proximidad territorial a escenarios de confrontación armada se traduce en un aumento concreto del riesgo.
Las comunidades pueden ser objeto de amenazas, control armado y territorial, restricciones en su movilidad y un mayor nivel de vigilancia y presión por parte de grupos armados. "La proximidad territorial no puede traducirse en abandono ni en limitaciones para el ejercicio de derechos", insiste la organización.
Alertas tempranas desatendidas
La Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana (AT) 016 de 2025 para San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra, corregimientos del municipio de Rionegro en Santander. Según esa entidad, la amenaza responde a dos factores claramente identificados:
- El interés del Clan del Golfo de expandirse para consolidar desde el sur de Bolívar y Puerto Wilches su control sobre el narcotráfico y la extorsión.
- La incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada desde el sur del Cesar, que desafía la hegemonía del Clan del Golfo.
A este preocupante escenario se suma la posibilidad de una eventual presencia del ELN en labores de vigilancia en la zona.
Llamado urgente a la acción estatal
Ante la gravedad de la situación, tanto la Defensoría del Pueblo como la Corporación Jurídica Yira Castro han hecho llamados urgentes a las autoridades. La Defensoría pidió a la Alcaldía de Rionegro, a la Gobernación de Santander y al Gobierno nacional que implementen medidas urgentes para proteger a la comunidad.
Por su parte, la Corporación Jurídica Yira Castro reiteró su llamado al Estado, advirtiendo que "la reiteración de estos hechos –incluso en zonas donde ya existían alertas tempranas– evidencia la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora".
La organización insta a las autoridades a adoptar medidas inmediatas, integrales y sostenidas que garanticen la protección efectiva de las comunidades y prevengan la repetición de estos hechos, tanto en el lugar de las confrontaciones como en las zonas aledañas.
"Se deben garantizar plenamente los deberes del Estado en el territorio, evitando que las condiciones de violencia se conviertan en un obstáculo para la presencia institucional, el acceso a derechos y la atención a las comunidades", concluye el llamado de la organización defensora de derechos humanos.
