La expansión del conflicto armado: De las advertencias a la realidad en Santander
Durante varios años, múltiples voces de alerta, incluidas organizaciones sociales, líderes comunales, analistas nacionales y medios de comunicación como Vanguardia, advirtieron sobre el riesgo inminente de que la guerra en la región del Catatumbo, protagonizada por el Estado, el Eln y el narcotráfico, no permanecería confinada en esa zona. Se señaló con claridad el peligro de que la violencia se extendiera hacia áreas de Santander, particularmente el Magdalena Medio y Barrancabermeja, pero estas advertencias fueron sistemáticamente desestimadas o tildadas de alarmismo.
El pronóstico cumplido: Violencia en veredas y corregimientos
Hoy, el resultado es visible y doloroso: el pronóstico se ha cumplido plenamente, con la violencia instalándose en las veredas y corregimientos del sur de Bolívar y el Magdalena Medio, tanto en su porción antioqueña como santandereana. Los recientes enfrentamientos en la vereda Tamar Bajo, ubicada en los municipios de Remedios y Yondó, sugieren una ofensiva coordinada para consolidar corredores estratégicos destinados al narcotráfico, lo que intensifica el conflicto territorial entre grupos armados ilegales.
Mientras estas facciones se disputan el control del territorio, las familias campesinas vuelven a convertirse en las víctimas principales de una guerra que les es ajena. La llegada de más de cincuenta campesinos al casco urbano de Yondó representa la imagen más cruda y elocuente del abandono estatal en estas zonas. El alcalde local ha declarado que su capacidad institucional está completamente agotada, una afirmación que resulta lógica ante la pregunta: ¿cómo puede un municipio pequeño, con recursos extremadamente limitados, enfrentar una crisis humanitaria que se repite cíclicamente, mientras los grupos armados operan con la libertad que les confiere la ausencia del Estado?
La respuesta estatal: Insuficiente y tardía
Lo más preocupante es que, mientras la institucionalidad local clama desesperadamente por ayuda, las víctimas se acumulan y el miedo se vuelve crónico en las comunidades. En la zona afectada, se han reportado tres cuerpos recuperados, dos de los cuales permanecen sin identificar, lo que significa que hay familias que probablemente nunca conocerán el destino de sus seres queridos. Paralelamente, la violencia comienza a normalizarse nuevamente en la conciencia colectiva de los colombianos, donde se habla de desplazados, combates y muertos como meras estadísticas, perdiendo de vista que cada número representa una tragedia humana, familiar y social de proporciones devastadoras.
El anuncio del Ejército Nacional sobre el envío de tropas con protocolos especiales parece, lamentablemente, la clásica respuesta coyuntural y reactiva ante las crisis, cuando lo que realmente se requiere es una toma de control efectiva y permanente del territorio. El gobierno nacional actual, al igual que sus predecesores, parece reaccionar tardíamente ante una crisis que fue ampliamente anunciada y pronosticada. No se trata únicamente de desplegar soldados, sino de establecer una presencia integral del Estado que incluya inversión social significativa, acceso a la justicia y generación de oportunidades económicas sostenibles.
El futuro incierto de las comunidades afectadas
Mientras esta presencia integral no se materialice, el Magdalena Medio y el sur de Bolívar continuarán siendo territorios en disputa, donde las comunidades pagan el precio más alto. Las familias desplazadas en Yondó, aquellas que llegaron previamente a Puerto Matilde y las que permanecen atrapadas en medio del fuego cruzado, necesitan urgentemente que el Estado recupere el control efectivo de la zona para devolverles la tranquilidad y la normalidad en sus vidas cotidianas.
La guerra que comenzó en el Catatumbo ya se ha extendido peligrosamente, y nuevamente se advierte: si no se actúa con determinación, firmeza y una estrategia integral, Santander podría convertirse, una vez más, en un escenario de dolor, desplazamiento y violencia crónica. La historia reciente demuestra que las advertencias deben ser tomadas en serio antes de que las consecuencias sean irreversibles para las comunidades más vulnerables.
