Un fallo judicial ordenaba a la alcaldía local de Bosa desalojar un predio en el barrio El Remanso este miércoles 6 de mayo. Sin embargo, tras una solicitud de la Personería de Bogotá, el Distrito decidió suspender el operativo de desalojo que habría afectado a unos 500 habitantes del sector.
Decisión judicial y suspensión del operativo
El Juzgado 60 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá emitió un fallo de tutela el 25 de septiembre de 2024 ordenando la restitución del predio de 5.200 m² a la Sociedad Transportadora de los Andes S.A. (Sotrandes). La alcaldía local de Bosa debía desalojar a las personas y viviendas del terreno. No obstante, la comunidad se negó a salir, alegando que llegaron al sector hace más de 20 años como víctimas de tierreros que les vendieron lotes sin legalidad.
El Juzgado 50 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ratificó en un incidente de desacato que el predio debía ser entregado a Sotrandes. La fecha de desalojo quedó fijada para el miércoles, a pesar de los reclamos ciudadanos. Según el Distrito, la decisión era de obligatorio cumplimiento.
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, señaló: “La diligencia en El Remanso (Bosa) fue suspendida por decisión del inspector de policía, en el marco del proceso judicial en curso. Desde el Distrito siempre estaremos listos para garantizar los derechos y la integridad de todas las personas involucradas”.
Intervención de la Personería
El barrio amaneció con la comunidad en las calles, pancartas rechazando el desalojo y un fuerte dispositivo policial. Sin embargo, una petición de la Personería de Bogotá frenó el procedimiento. El Ministerio Público solicitó la suspensión de la diligencia al identificar una posible afectación de derechos fundamentales como vivienda digna, dignidad humana, mínimo vital, unidad familiar, igualdad material y protección reforzada de sujetos de especial protección constitucional.
En total, se identificaron casi 100 unidades habitacionales y una población aproximada de 483 personas, entre ellas 173 menores de edad, 50 adultos mayores, población migrante y hogares vulnerables.
La Personería de Bogotá manifestó: “Comparte y defiende que las decisiones judiciales deben cumplirse y que la restitución no puede quedar sometida a dilaciones injustificadas. Sin embargo, el problema constitucional no consiste en si la orden debe cumplirse, sino en cómo debe cumplirse cuando su ejecución afecta a una población que habita el predio, con presencia de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, migrantes, víctimas y hogares en condición de vulnerabilidad”.
Reacciones y próximos pasos
El secretario Quintero aclaró que en ningún momento existió una orden del alcalde Carlos Fernando Galán a la Policía para actuar. La administración distrital actuó bajo el cumplimiento de un fallo judicial. La alcaldía local de Bosa aseguró que continuará con acciones de caracterización, mesas interinstitucionales y despliegue de oferta institucional para mitigar el impacto social en las familias.
El desalojo se tendrá que efectuar, pero ahora pasará a revisión de las autoridades competentes para fijar una nueva fecha.
