Han pasado casi tres semanas desde que Sintana Peláez Losada fue asesinado a tiros dentro de su vivienda, en la vereda Masinga, corregimiento de Bonda, zona rural de Santa Marta. No hay capturas ni imputaciones conocidas hasta ahora. Sin embargo, el crimen abrió una serie de pistas que apuntan a un fenómeno de presión sistemática sobre la tierra, ejercido a través de amenazas, intimidaciones y violencia selectiva.
Un homicidio dirigido
El homicidio, cometido con al menos cinco disparos a corta distancia y dentro del inmueble, difícilmente encaja en un hecho de violencia espontánea. Para las autoridades, y para la propia familia, se trata de un ataque dirigido, precedido por meses de presiones para obligarlos a vender sus predios. La negativa habría marcado este fatal desenlace.
La tierra, origen del conflicto
La familia Peláez Losada era propietaria de al menos dos terrenos estratégicos en la zona; uno queda en Masinga y otro en el sector de Marquetalia, sobre la transitada Troncal del Caribe. Según denuncias conocidas tras el crimen, desconocidos les habrían insistido en vender los predios a un precio muy inferior al valor comercial, bajo un esquema que se repite en otros conflictos rurales del departamento del Magdalena. Dicha modalidad se basa en primero la oferta, luego la amenaza, después una segunda oferta y, finalmente, la violencia.
Para investigadores y fuentes judiciales consultadas, este tipo de presión no busca únicamente la compra forzada, sino el despoblamiento. “Cuando el propietario se va —aunque no venda— el terreno queda vulnerable”, explica una fuente especializada en el conflicto por la tierra. Es entonces cuando aparecen ocupaciones, ventas informales o intermediarios.
Un homicidio ‘ejemplarizante’
El asesinato ocurrió dentro de la casa, en presencia de la familia. La esposa de la víctima resultó herida por esquirlas. El mensaje fue inequívoco y la presión ahora pretendía ser colectiva y familiar, no individual. Tras el crimen, la familia fue incluida en una ruta urgente de protección, activada por la Gobernación del Magdalena, que involucra acompañamiento policial, evaluación de la Unidad Nacional de Protección y seguimiento de la Fiscalía.
Aunque el caso Peláez ha generado especial conmoción, en zonas rurales de Santa Marta, especialmente en Bonda, Masinga y áreas cercanas a la Sierra Nevada, se ha documentado este patrón reiteradamente. Muchas familias reciben presiones para vender o abandonar tierras, muchas veces sin denuncias previas formales, por miedo a represalias. En estos contextos, la ausencia de actores armados visibles no implica ausencia de control.
La intimidación funciona con pocos hechos violentos, pero contundentes en poblaciones que apenas superan el centenar de habitantes. De esta forma, se es capaz de irradiar miedo al resto de la comunidad. El asesinato de Peláez, según esa lógica, opera como ‘acto ejemplarizante’ para lograr el cometido de despojo de tierras.
¿Quién presiona?
Aunque no hay responsables señalados oficialmente, en la región opera desde hace años una estructura armada con influencia en zonas rurales y de montaña: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Sin que exista pronunciamiento judicial que las vincule directamente a este crimen, expertos en seguridad advierten que el modelo de presión por tierras coincide con su forma de operación en el Magdalena.
Lo más inquietante del caso no es solo el homicidio, sino lo que ocurre después. Los reportes en la zona informan que otras familias temen permanecer en sus predios, y que el miedo ya está generando desplazamientos que, por ahora, no aparecen en estadísticas oficiales. Aunque el Estado reaccionó tras el asesinato, persisten las dudas: a casi tres semanas del asesinato, el caso sigue en etapa investigativa. La familia Peláez quedó en un mapa incompleto de control territorial que estaría redefiniendo quién puede quedarse y quién debe irse en amplias zonas del Magdalena.
