Inspector de Soacha enfrenta cargos por agresiones sexuales a guardas de seguridad
La Fiscalía General de la Nación ha judicializado al inspector sexto de policía de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, identificado como José Arturo Figueredo. Las autoridades lo señalan como posible responsable de una serie de hechos de violencia sexual perpetrados contra tres guardas de seguridad que laboraban en las instalaciones de la inspección.
Detalles de los hechos denunciados
Los casos investigados ocurrieron en un período comprendido entre los años 2022 y 2025. Las víctimas, tres mujeres cuyas edades son de 23, 30 y 42 años, sufrieron insinuaciones de carácter íntimo y agresiones de tipo sexual por parte del inspector. Según la investigación fiscal, Figueredo habría aprovechado su posición dominante y de jerarquía sobre las guardas, así como el temor que estas podían sentir, para someterlas a actos en contra de su voluntad durante sus turnos de trabajo.
En uno de los incidentes más graves, se alega que el inspector abusó sexualmente de una de las mujeres. La fiscalía ha recaudado denuncias y elementos materiales probatorios que sustentan estas acusaciones, destacando un patrón de abuso de poder en el entorno laboral.
Proceso judicial y medidas impuestas
Una fiscal adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca ha imputado formalmente a Figueredo los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento. Frente a estos cargos, el procesado no aceptó su responsabilidad y se declaró inocente.
Como medida de aseguramiento, el inspector deberá cumplir con una privación de la libertad en su lugar de residencia, acompañada de un monitoreo constante mediante un dispositivo electrónico. Esta decisión busca garantizar que el acusado no evada la justicia mientras avanza el proceso penal en su contra.
Contexto y repercusiones
Este caso ha generado preocupación en la comunidad de Soacha, poniendo en evidencia situaciones de vulnerabilidad y abuso de poder en entornos laborales, especialmente cuando involucran a figuras de autoridad. Las autoridades han reiterado su compromiso con la protección de las víctimas y la aplicación rigurosa de la ley en casos de violencia de género.
La judicialización de Figueredo marca un precedente en la lucha contra la impunidad en delitos sexuales, destacando la importancia de denunciar y perseguir estos actos, independientemente del cargo o posición del agresor. Se espera que el proceso continúe con celeridad para brindar justicia a las afectadas.
