Fiscalía expone crímenes de alias Calarcá durante proceso de paz total
La Fiscalía General de la Nación ha elaborado un detallado informe que documenta una extensa cadena de crímenes cometidos por el jefe disidente Alexánder Díaz, conocido como alias Calarcá, mientras participaba activamente como vocero en los diálogos de paz con el Gobierno nacional. El documento revela cómo este cabecilla ha perpetrado una "campaña de terrorismo" durante los últimos dos años, a pesar de haber sido nombrado representante de su grupo ilegal en las negociaciones desde finales de 2023.
Extractos contundentes del informe fiscal
"Alias Calarcá articula las comisiones armadas para consolidar su hegemonía territorial en Meta, Caquetá y Guaviare. Se ha determinado que las acciones ofensivas ordenadas directamente desde su nivel de dirección abarcan extorsiones continuas, desplazamiento forzado, graves delitos ambientales y ataques militares premeditados, configurando un nexo causal directo entre sus órdenes y la macrocriminalidad documentada". Este es uno de los fragmentos más reveladores del expediente que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, envió esta semana al presidente Gustavo Petro.
Solicitud de revocación y reactivación de captura
En la comunicación, la máxima autoridad judicial solicita al mandatario que revoque la calidad de miembro de la delegación de paz otorgada a Calarcá y, en consecuencia, se inicien los trámites para reactivar la cacería que conduzca a su captura. El presidente Petro no ha respondido aún a esta petición, aunque ya existen voces dentro del mismo Gobierno que cuestionan la voluntad de paz del jefe disidente.
De confirmarse la reactivación de su búsqueda, se establecería otro precedente adverso para la política de 'paz total' del Gobierno Petro, ampliamente cuestionada en los últimos meses por los beneficios otorgados a delincuentes sin verificación adecuada de los acuerdos pactados en las mesas de diálogo. Esta situación se agrava con la reciente suspensión de órdenes de captura contra capos de Medellín que continúan delinquiendo.
Imputación por graves crímenes
Mientras se define si se reactiva o no la búsqueda de Calarcá, la Fiscalía anunció que lo imputará por graves crímenes cometidos en Meta, Cauca y Guaviare, lo que intensifica aún más las dudas sobre su permanencia en el proceso de paz. Los computadores incautados al cabecilla revelan asesinatos, reclutamiento y fortalecimiento armado durante los mismos diálogos de paz.
Historial criminal y ascenso en las disidencias
Calarcá es considerado uno de los mayores criminales del país. Informes de inteligencia lo ubican como alguien que se formó en las juventudes comunistas a finales de los años 90 y que en 1998, con apenas 16 años, ingresó al frente 40 de las Farc en los Llanos Orientales. Tras alcanzar un puesto de mando en el bloque Oriental y firmar la paz en 2016, decidió retomar el camino de las armas junto a 'Gentil Duarte' e 'Iván Mordisco', de quien se separó en una traición ocurrida en agosto de 2024.
Desde ese momento, las dos facciones disidentes libran una guerra sangrienta por el control territorial con otros grupos como el Eln y el 'clan del Golfo'. El objetivo, lejos de cualquier ideal político, es apropiarse de las rentas generadas por la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal.
Beneficios de la paz total y aumento de poder
El beneficio que le entregó el Gobierno con la 'paz total' desde 2024 le ha permitido a Díaz incrementar su poder ilegal con el 'Estado Mayor de Bloques y Frentes' (Embf), facción que cuenta con más de 2.900 integrantes y bajo cuya dirección ha ordenado graves crímenes. Estos delitos serán incluidos en la 'megaimputación' que se prepara en su contra.
Crimen más reciente y táctica de guerra
El crimen más reciente atribuido a Calarcá ocurrió en El Retorno, Guaviare, en enero pasado, donde decenas de disidentes de 'Mordisco' fueron asesinados en un aparente caso de infiltración organizado por el cabecilla. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre facciones terminó siendo una masacre con tiros de gracia, a pesar de que en el lugar, según la Fiscalía, había hasta siete menores de edad.
Además, se le responsabiliza de la continua "campaña de terrorismo" en el Meta entre 2024 y 2025, mediante ataques con explosivos contra el sector comercial ejecutados de manera sostenida, con 19 eventos documentados en municipios como Granada, Acacías, Villavicencio, Mesetas y Guamal.
Como táctica de guerra, ha utilizado la instalación de minas antipersonales para atentar contra las Fuerzas Militares. Uno de los casos ya documentados es el ataque del 4 de julio de 2024 contra un convoy militar en la vereda Coposa, ubicada en Valdivia, Antioquia, donde murieron seis soldados.
Asesinato de líder indígena
La Fiscalía también señala a Calarcá como responsable del asesinato de la mayora indígena Carmelina Yule, ocurrido el 16 de marzo de 2024 en Toribío (Cauca). La líder perdió la vida mientras ejercía su labor al enfrentar a las disidencias que oprimen al Pueblo Nasa y delinquen en el suroccidente del país. "Acto que desvirtuó de plano la voluntad genuina del miembro representante de no cometer nuevos delitos, a tan solo dos meses de recibir el beneficio", destaca la Fiscalía en su carta.
Controversia jurídica sobre reactivación de capturas
La decisión sobre qué entidad tiene la competencia para reactivar la cacería contra Calarcá está sumida en un intenso debate jurídico y político. Durante una mesa de trabajo para examinar el caso, el pasado 6 de abril, la Fiscalía notó que el Ejecutivo varió su postura y ahora considera que la reactivación de órdenes de captura contra cabecillas como Calarcá depende exclusivamente del Presidente.
Según la candidata Paloma Valencia, esta postura desconoce la autonomía de la Rama Judicial, reiterada por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023. El Ejecutivo basa su tesis en una interpretación del artículo 5 de ese fallo, que enfatiza que la suspensión de órdenes de captura para voceros de estructuras armadas depende del Gobierno y de la revisión de la autoridad judicial.
Desde la oficina del comisionado Otty Patiño se sostiene que la suspensión de órdenes de captura difiere cuando se trata de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (Eaocai) y de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML). En contraste, la Fiscalía ha advertido que no existe aún un consenso claro sobre a qué poder público le corresponde la reactivación de capturas en estos casos.
Mediación del Ministerio de Justicia
En medio del pulso institucional, el Ministerio de Justicia ha actuado como mediador entre las partes, buscando un punto de encuentro. La apuesta, según se ha planteado, es que cualquier decisión sobre órdenes de captura sea adoptada de común acuerdo entre la Fiscalía y el Gobierno, mientras se espera la respuesta del presidente Petro para retomar la búsqueda de Calarcá.
Este expediente criminal acumulado por Calarcá durante años permanece estancado debido a la suspensión de sus órdenes de captura, generando profundas preocupaciones sobre la efectividad y transparencia del proceso de paz total en Colombia.
