Banda criminal extorsionaba a alcaldes del Cesar con falsas acusaciones de corrupción
Un esquema de extorsión que operaba en el departamento del Cesar ha sido desmantelado por las autoridades, revelando que los criminales ampliaron su accionar para apuntar directamente contra alcaldes municipales. Según la investigación de la Fiscalía, los implicados se hacían pasar por integrantes de una supuesta red de veedurías ciudadanas para presionar a los mandatarios locales.
Modus operandi de la estructura criminal
El mecanismo de extorsión consistía en contactar a las víctimas bajo la fachada de veedores ciudadanos y exigirles sumas de dinero a cambio de no interponer denuncias por presuntos hechos de corrupción. Las autoridades identificaron a tres personas como parte de esta red:
- Juan David López
- José Carlos Toncel
- Federman López
Entre los alcaldes afectados se encuentran los mandatarios de Becerril y La Jagua de Ibirico, aunque se investiga si hubo más víctimas en otros municipios del departamento.
Exigencias millonarias para evitar denuncias
Durante la audiencia judicial, el fiscal del caso detalló que las exigencias económicas variaban significativamente según cada situación:
- Las sumas oscilaban entre 10 millones de pesos para casos menores
- Podían alcanzar hasta 300 millones de pesos en situaciones de mayor presión
- El pago se presentaba como contribución para evitar acciones judiciales
"A fin de concertar el pago de exigencias dinerarias con las cuales debían contribuirles por diferentes sumas dinerarias que oscilan entre 10 millones de pesos a los 300 millones de pesos a fin de evitar accionar la justicia a través de denuncias en su contra por delitos contra la administración pública", explicó el representante del Ministerio Público.
Investigación en desarrollo y alcance del caso
Las autoridades continúan avanzando en el proceso judicial para esclarecer completamente los hechos y determinar el alcance total de esta red de extorsión. Se investiga si la estructura criminal tenía conexiones con otros grupos delictivos y si operaba en más departamentos del país.
Este caso revela cómo los esquemas de extorsión han evolucionado para apuntar a figuras públicas, utilizando el miedo a denuncias falsas como mecanismo de presión. La Fiscalía ha señalado que se mantendrá una vigilancia especial sobre este tipo de delitos que afectan la administración pública local.
