El caso de Yulixa Toloza, quien desapareció el pasado 13 de mayo tras someterse a una lipólisis láser en un centro clandestino en Venecia, sur de Bogotá, y fue hallada sin vida seis días después, sigue generando revelaciones escalofriantes. En la audiencia celebrada este miércoles 20 de mayo, se conocieron detalles sobre los pagos realizados para ocultar el vehículo utilizado en el traslado del cuerpo.
Pago para ocultar el vehículo
De acuerdo con la información presentada por la jueza durante la diligencia, María Fernanda Martínez, dueña del centro estético Beauty Láser, entregó aproximadamente 800.000 pesos a su tío, Jesús Hernández Morales, uno de los primeros capturados. Este dinero estaba destinado a cubrir gastos de transporte, alimentación y hospedaje para retirar el automóvil de la residencia donde estaba guardado y así evitar su detección por parte de las autoridades.
Las autoridades activaron todas las capacidades institucionales de la Policía Judicial, Inteligencia e Investigación Criminal para dar con el paradero de los responsables. Inicialmente se logró la captura de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, señalados de esconder y conducir el vehículo gris de placas UCQ-340, en el que habría sido trasladada Yulixa Toloza desde el centro estético.
Recorrido del vehículo
Durante la noche y madrugada del 13 de mayo, el automóvil recorrió distintos corredores viales para abandonar el cuerpo de la víctima y posteriormente emprender la huida. El paso por el Ramal de La Mesa fue captado por una cámara de seguridad, y horas más tarde también apareció en el peaje San Pedro, en el sentido La Mesa-Anapoima. Estas pruebas fueron determinantes para localizar el vehículo y capturar a los implicados.
Delitos imputados
Las capturas de Hernández Morales y Sequera Delgado se realizaron en Cúcuta, Norte de Santander. La fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La ley colombiana 589 de 2000 establece que la desaparición forzada podría conllevar una pena de prisión de 25 a 40 años y una multa de 500 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Por su parte, el delito de ocultamiento de material probatorio podría acarrear una pena de entre 4 y 12 años de prisión y una multa de 200 a 5.000 salarios mínimos.
Además, María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, dueña del centro estético, y Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, su pareja, deberán responder por los delitos de desaparición forzada, homicidio, ocultamiento de elementos materiales probatorios y omisión de socorro. Las autoridades de Venezuela confirmaron la detención de la pareja, quienes huyeron hacia ese país para evadir la justicia colombiana.
