Disidencias de las Farc inician cacería armada contra periodistas en Putumayo
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha emitido una alerta máxima sobre el grave riesgo que enfrentan varios periodistas en el departamento del Putumayo, específicamente en la capital Mocoa. La situación se ha tornado crítica tras una serie de amenazas directas atribuidas a grupos armados ilegales que operan en esta región del sur de Colombia.
Panfleto intimidatorio declara objetivos militares
Los periodistas Dubán García y Hamilton Obando, vinculados al noticiero regional 'Al Día Noticias', han sido objeto de intimidaciones sistemáticas relacionadas con su labor informativa sobre orden público y dinámicas del conflicto armado. En enero pasado, en las inmediaciones del medio de comunicación, fue dejado un panfleto firmado por el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc.
El documento los declara "objetivo militar" por su ejercicio profesional y exige explícitamente que abandonen la región. Las amenazas incluyen advertencias de que podrían ser atacados incluso si cuentan con esquemas de protección, generando pavor entre los trabajadores del medio y sus familias.
Autorización para ejecutar atentado aumenta gravedad
La situación se ha agravado considerablemente tras conocerse información de una fuente que indica que existe autorización para ejecutar el atentado contra los periodistas. Este dato ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que advierten un deterioro acelerado de las condiciones para informar en zonas de conflicto.
"En regiones como Putumayo la información se ha convertido en un elemento estratégico en la disputa entre actores armados", sostuvo la FLIP en su pronunciamiento. "Controlar lo que se publica y silenciar voces críticas forma parte de las dinámicas de poder que buscan imponer los grupos criminales".
Patrón sistemático de intimidación y control narrativo
No es la primera vez que estos comunicadores enfrentan hechos violentos. Durante 2024 fueron retenidos en dos oportunidades por hombres armados, quienes les exigieron reportear y publicar contenidos favorables a una de las estructuras ilegales. En esos episodios, además de las coacciones directas, se les advirtió que cualquier incumplimiento podría tener consecuencias contra ellos o contra sus familiares.
Este patrón refleja un intento sistemático por controlar la narrativa informativa en el territorio, donde también operan los llamados Comandos de Frontera, grupos que mantienen disputas por el control territorial con el Frente Carolina Ramírez, estructura que hace parte del Estado Mayor Central de las disidencias.
FLIP exige acción inmediata del Estado
La organización ha hecho un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que active de manera inmediata los mecanismos de emergencia y fortalezca los esquemas de seguridad para los periodistas amenazados. Asimismo, solicita coordinación con la Fuerza Pública para garantizar condiciones reales de protección.
La FLIP también ha documentado cómo durante 2025 los periodistas colombianos sufrieron un total de 469 agresiones en todo el país, incluyendo ataques directos, hostigamientos, amenazas, acoso verbal y judicial, desplazamientos forzados, exilios y hasta ataques con artefactos explosivos.
Contexto nacional de violencia contra la prensa
Entre los casos más graves del año pasado destaca el de Gustavo Chicangana, comunicador de 'Guaviare Estéreo', Caracol Radio y corresponsal de la FLIP, quien recibió cuatro impactos de bala a quemarropa cuando salía de su casa en julio pasado. Su hija presenció el atentado y la víctima fue obligada a desplazarse mientras se recupera de sus heridas.
El informe de la FLIP revela que durante 2025:
- 15 periodistas tuvieron que desplazarse por amenazas y agresiones
- 7 periodistas fueron obligados al exilio
- 26 comunicadores de 21 medios sufrieron acoso judicial como mecanismo de intimidación
- Casos se registraron en Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Caldas, Córdoba, Guaviare, Huila y Magdalena
La situación en Putumayo representa un nuevo capítulo preocupante en este panorama nacional de violencia contra la prensa, donde los periodistas que cubren el conflicto armado y la corrupción se enfrentan a riesgos cada vez mayores para ejercer su labor informativa.
