La crisis humanitaria en el Catatumbo, Norte de Santander, continúa agravándose tras los graves hechos contra la población civil en enero de 2025. Persisten los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba. Estos combates han provocado el desplazamiento de unas 22.000 personas, afectando a más de 100 mil desde el año pasado.
Visita humanitaria revela impactos críticos
Una comisión de más de 160 personas, integrada por 22 entidades del Estado, organizaciones sociales y acompañamiento internacional, realizó una visita humanitaria en Campo Seis, Bertrania, Kilómetro 25 y Versalles entre el 24 y 28 de marzo. El informe público, presentado este martes en Bogotá, alerta sobre la degradación acelerada del conflicto.
Uso sistemático de drones y minas antipersonal
El informe destaca el uso sistemático de drones para vigilancia y ataque con explosivos, que sobrevuelan viviendas y cascos urbanos, generando un ambiente de miedo permanente. Además, se han instalado minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en caminos, viviendas y entornos escolares, algunos a solo 50 metros de las escuelas. Niños y adolescentes han encontrado estos artefactos accidentalmente, incrementando el riesgo y limitando su movilidad y actividades educativas y de ocio.
Esta situación ha causado mutilaciones a civiles y ha impedido que las comunidades accedan a agua o cultivos de pancoger para subsistir.
Acumulación de impactos humanitarios
El informe señala una acumulación de impactos humanitarios, donde personas previamente desplazadas continúan siendo víctimas de nuevos eventos, como desplazamientos reiterados, confinamientos prolongados y pérdida de medios de vida. Las comunidades exigen un diálogo humanitario con frases como “que nos dejen en paz” y “que la guerra se termine”.
Organizaciones sociales y la mesa humanitaria han propuesto un diálogo humanitario desde febrero, presentado a la mesa de paz con el Frente 33 y a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Sin embargo, el consejero departamental de paz, Luis Fernando Niño, afirmó que no hay respuesta concreta y advirtió sobre la demora.
Atenciones durante la visita
Durante la visita se realizaron alrededor de 1.740 atenciones. La misión médica atendió a 700 personas, detectando desnutrición crónica y falta de vacunación en niños. Se conformaron siete subcomisiones para atender integralmente a las comunidades, incluyendo temas de tierras, toma de declaraciones, prevención de reclutamiento forzado y atención psicosocial.
La subcomisión de toma de declaraciones atendió a 450 personas, revelando que muchos no han recibido ayuda humanitaria desde hace más de un año. La Personería de Tibú está colapsada, con más de 200 personas agendadas y 300 en espera. También se documentaron casos de reclutamiento forzado de menores entre 12 y 15 años, con ofrecimientos de un salario mínimo mensual por su vinculación a grupos armados.
El informe concluye que la crisis en la subregión no es coyuntural, sino prolongada y en proceso de agravamiento.
