La ilusión de estrenar carro se convirtió en una pesadilla financiera para decenas de ciudadanos en el norte de Bogotá e Ibagué. La Fiscalía General de la Nación desarticuló en las últimas horas a una sofisticada red delincuencial que, bajo la apariencia de concesionarios legalmente constituidos, logró apropiarse de más de 1.000 millones de pesos pertenecientes a víctimas que buscaban renovar sus vehículos.
El “negocio” que desaparecía en semanas
El modus operandi de la banda era tan efectivo como efímero. Según las investigaciones, el grupo alquilaba locales en sectores estratégicos del norte de la capital colombiana, donde montaban exhibiciones de vehículos de alta gama. Operaban por periodos muy cortos de tiempo para evitar el rastreo de las autoridades y de los clientes inconformes.
La red atraía a personas interesadas en entregar su carro usado como parte de pago para un modelo más reciente. Bajo la firma de contratos de compraventa fraudulentos, las víctimas entregaban sus automotores y ahorros adicionales para “asegurar el negocio”. Sin embargo, una vez que los delincuentes tenían el bien en su poder, lo vendían rápidamente a terceros y desaparecían de los locales de la noche a la mañana, dejando a los propietarios sin dinero y sin vehículo.
Los rostros detrás del engaño
La Fiscalía identificó a cuatro presuntos responsables de estas maniobras ilícitas cometidas entre 2023 y 2026. Los señalados son:
- Diever Gaviria Parra: Identificado como el presunto articulador y cerebro del grupo.
- Jonathan Yesid Hernández Ortega, Jhon Alexander Gaviria Parra y Luisa Fernanda Torres Vargas: Encargados de captar a los clientes y dar apariencia de legalidad a las transacciones.
Durante los operativos de captura, realizados en conjunto con la Policía Nacional, las autoridades hallaron un botín que evidencia otras facetas criminales de la banda: 287 teléfonos móviles de gama alta reportados como hurtados, equipos de cómputo, tarjetas bancarias y documentos de identidad de terceros.
Imputación y cárcel
Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputó cargos por una “baraja” de delitos que reflejan la complejidad de la operación: concierto para delinquir, estafa agravada, hurto calificado, receptación, falsedad personal y uso de documento falso.
Pese a que los procesados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías determinó que representan un peligro para la comunidad y ordenó su traslado inmediato a un centro carcelario.
Este caso enciende las alarmas sobre la compra y venta de vehículos en establecimientos de dudosa trayectoria. Las autoridades recomiendan verificar siempre el historial de los concesionarios ante la Cámara de Comercio y el RUNT antes de entregar cualquier suma de dinero o documento de propiedad, especialmente ante ofertas que prometen condiciones comerciales inusualmente favorables.
