El líder criminal que pasó de ser perseguido a gestor de paz nacional
Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido en el submundo delictivo como alias El Montañero, representa uno de los casos más controvertidos de la política criminal colombiana reciente. Mientras las autoridades de Bogotá desarrollaban intensas investigaciones para capturarlo por su liderazgo en la organización criminal El Mesa, el Gobierno nacional lo reconocía como gestor de paz dentro del proceso de Paz Total.
Un cabecilla con múltiples identidades y amplio historial delictivo
Este individuo, señalado como fundador y principal cabecilla de El Mesa, figura en bases de datos judiciales con al menos tres identidades distintas: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez (su nombre original), Juan Camilo Hernández Berrío y finalmente Gustavo Adolfo Pérez Peña, con el cual ingresó formalmente a las mesas de diálogo con el Gobierno en 2023.
La organización que lidera surgió en Bello, Antioquia, durante la década de 1990 y con el tiempo expandió su influencia criminal a múltiples regiones del país, incluyendo Medellín, el Valle de Aburrá, Bogotá, Soacha, Boyacá y Caquetá. Bajo el mando de El Montañero, esta estructura llegó a contar con más de 400 integrantes dedicados a actividades ilícitas de alto impacto.
Actividades criminales y procesos judiciales
- Narcotráfico a gran escala
- Sicariato y homicidios por encargo
- Extorsión sistemática
- Tráfico ilegal de armas de fuego
- Desplazamiento forzado de comunidades
- Comercio ilegal de lotes urbanos
- Actos de terrorismo urbano
Su última captura ocurrió en 2019, cuando fue condenado a ocho años de prisión por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Sin embargo, recuperó su libertad el 14 de marzo de 2024 tras cumplir apenas cuatro años y cinco meses de la condena.
Incluso durante su encarcelamiento, su nombre apareció vinculado a investigaciones por homicidio. La Fiscalía 9 Seccional de Tunja lo relacionó con el asesinato de Alejandro Mazo Pulgarín, alias Titi, ocurrido en marzo de 2020 dentro de la cárcel de Cómbita, Boyacá. Por este caso se emitió una orden de captura en su contra durante 2025.
La polémica resolución que suspendió su captura
El 27 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución 00072, mediante la cual suspendió las órdenes de captura contra 23 personas reconocidas por el Gobierno como voceros de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá.
Entre todos los beneficiados, alias El Montañero presentaba una particularidad preocupante: era el único que contaba con una orden de captura vigente al momento de expedirse la resolución. Esta decisión se tomó tras una reunión de alto nivel en Bogotá que incluyó al presidente Gustavo Petro, miembros de su gabinete y funcionarios de la Fiscalía.
Con la suspensión de su orden de captura, los investigadores que le seguían la pista quedaron sin herramientas legales para concretar su aprehensión. Fuentes policiales indican que el cabecilla regresó al país y mantiene un perfil bajo, mientras su organización disputa el control criminal en el Oriente antioqueño con el Clan del Golfo.
La voz crítica del alcalde de Bogotá
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, expresó su preocupación por lo que calificó como "una incoherencia en la política criminal del país". Mientras las autoridades capitalinas capturaban a 23 miembros de El Mesa -incluyendo ocho sicarios-, el Gobierno nacional designaba como gestor de paz al cabecilla de esa misma estructura y suspendía su orden de captura.
Galán destacó que esta banda criminal, con origen en Antioquia, lleva más de 12 años operando en Bogotá, dedicándose principalmente al homicidio, tráfico de estupefacientes y tráfico ilegal de armas. "Utilizan la violencia para controlar los mercados ilegales", afirmó el mandatario distrital.
Entre los miembros identificados en Bogotá, las autoridades encontraron al menos ocho sicarios, uno de los cuales estaría vinculado a aproximadamente 50 homicidios en todo el territorio nacional. El alcalde también recordó hallazgos de cuerpos desmembrados en la ciudad, evidenciando los métodos brutales que emplea esta organización para eliminar rivales y ejercer control territorial.
La investigación en Bogotá: taxis fachada y casas de armas
Paralelamente a la controversia política, en Bogotá avanzaba una investigación de casi un año que permitió desentrañar el modus operandi de El Mesa en la capital. El proceso incluyó agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas, análisis de información y recopilación de material probatorio.
Entre los hallazgos más significativos se encontró:
- Uso de taxis como fachada: Vehículos de servicio público utilizados para movilizar estupefacientes y armas dentro de la ciudad, mezclándose con el flujo normal del transporte urbano.
- Arrendamiento estratégico de viviendas: Casas alquiladas por cortos periodos funcionaban como depósitos de armas y puntos de operación temporal para evadir la vigilancia policial.
- Control territorial violento: La organización recurría sistemáticamente a la violencia para dominar los mercados de droga, eliminando físicamente a cualquier competencia.
Con esta información, las autoridades ejecutaron 15 diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Soacha, Tolima y Cesar, resultando en la captura de los 23 integrantes mencionados. La investigación confirmó que El Mesa no solo se dedicaba al microtráfico, sino que sostenía su poder mediante violencia sistemática y asesinatos selectivos como mecanismo para asegurar el control de rentas ilegales en sus territorios de influencia.
Este caso expone las tensiones entre las políticas de seguridad local en Bogotá y las estrategias nacionales de paz, generando interrogantes sobre la coordinación entre diferentes niveles de gobierno en la lucha contra el crimen organizado de alto impacto.
