Andrés Velasco, presidente de Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones en Colombia, encendió las alarmas sobre la ilegalidad del decreto que permite trasladar 25 billones de pesos de las AFP a Colpensiones. En una reunión con la Superintendencia Financiera, Velasco expuso los argumentos que demuestran que la norma contraviene disposiciones legales y regulatorias vigentes, además de generar efectos financieros negativos sobre los ahorros pensionales, el mercado de deuda pública y las cuentas fiscales del país.
Argumentos de ilegalidad
Según Velasco, el decreto es ilegal porque el artículo 36 vigente de la Ley 2381 contradice el Decreto 1225 de 2024, que reglamenta la reforma pensional, y que aún está vigente. “A nuestro juicio, no se puede modificar porque la ley está suspendida”, afirmó el dirigente gremial. Además, el nuevo decreto presenta contravenciones con normativas como las de rentabilidad mínima y límites de inversión. “Nosotros tenemos que cumplir unas rentabilidades mínimas que, al desbaratarlas, implican riesgos importantes para lograr los objetivos”, explicó Velasco.
Acciones legales emprendidas
Asofondos ya instauró dos acciones legales para frenar los efectos del decreto: una demanda de nulidad con medidas cautelares de urgencia y una acción de tutela. “Esperamos que las Cortes analicen el caso antes de los plazos del 14 de mayo, 22 de mayo y 5 de junio”, agregó Velasco.
Motivación incorrecta
Velasco también señaló que la motivación del decreto es incorrecta. “De los 120.000 trasladados aproximadamente, 20.000 se pensionaron y demandan cerca de 450.000 millones de pesos al año en pensiones, pero los otros 100.000 continúan cotizando y cotizan un monto equivalente a 600.000 millones de pesos al año. Por efectos de los traslados de la ventana de oportunidad, Colpensiones tiene 1,25 pesos de cotizaciones por cada peso que necesita pagar de pensiones. Entonces, la motivación de que se necesitan esos recursos no es correcta”, afirmó.
Consecuencias financieras
El presidente de Asofondos advirtió que la aplicación del decreto tendrá graves consecuencias financieras sobre el pasivo pensional y el ahorro nacional. “Si reciben los recursos y liquidan inversiones, eso implicará arbitraje por parte de los compradores y afectará el valor de los portafolios”. Además, si deciden registrar los activos a través de fiducias, perderán robustez, pues estos mecanismos no se comparan con las capacidades de inversión de las AFP.
Impacto acumulado
Según Asofondos, la aplicación del decreto implicaría un impacto acumulado superior a los 43 billones de pesos en el pasivo pensional de la nación, además de presiones sobre los portafolios de los afiliados. Se perderían rendimientos futuros estimados en cerca de 3,79 billones de pesos, correspondientes a los ingresos que estos recursos habrían generado si permanecieran invertidos en los fondos privados. Estos recursos pasarían a financiar gasto corriente, sin generar retorno.
Velasco concluyó que la reunión con la Superfinanciera sirvió para exponer claramente los riesgos y la ilegalidad del decreto, y reiteró la necesidad de que las autoridades judiciales actúen con celeridad para evitar daños irreparables al sistema pensional.
