Alcaldes del Atlántico cuestionan la paz total ante ola de violencia y extorsión que afecta barrios y economías
La creciente ola de violencia en el departamento del Atlántico ha generado un fuerte pronunciamiento de varios mandatarios locales, quienes alertan sobre el deterioro de la seguridad y cuestionan los resultados de la política de 'paz total' impulsada por el Gobierno nacional. La situación, marcada por el aumento de la extorsión y los hechos violentos, ha generado preocupación en Barranquilla y distintos municipios, donde los alcaldes advierten que el problema está impactando de manera directa la vida cotidiana de los ciudadanos.
Extorsión generalizada y cierre de comercios en Barranquilla
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue uno de los primeros en reaccionar públicamente. Durante recorridos en sectores populares, el mandatario recogió testimonios de habitantes que describen un panorama dominado por el miedo y la presión de estructuras criminales. Según señaló, la extorsión se ha convertido en una práctica generalizada, obligando a comerciantes y familias a tomar medidas extremas para protegerse.
En sus declaraciones, Char aseguró que la inseguridad ha llevado a que muchas viviendas refuercen sus cerramientos, mientras que pequeños negocios han tenido que cerrar sus puertas ante la imposibilidad de asumir los cobros ilegales. "La gente está prácticamente encerrada", advirtió, al tiempo que cuestionó los efectos de las estrategias actuales en materia de seguridad.
Impacto profundo en la economía local y familiar
El fenómeno de la extorsión, según coinciden autoridades y gremios, ha comenzado a afectar de manera profunda la economía barrial. En varias zonas, los comerciantes denuncian cobros sistemáticos que reducen sus márgenes de operación y, en muchos casos, los obligan a cesar actividades.
El cierre de tiendas y pequeños establecimientos se ha convertido en una señal visible del problema, especialmente en sectores populares donde estos negocios representan la principal fuente de ingresos para muchas familias. La situación, advierten expertos, no solo golpea la economía local, sino que también incrementa la sensación de inseguridad entre la población.
Char fue enfático al señalar que el panorama actual contrasta con los objetivos de reducción de la violencia que plantea la política de 'paz total'. Para el mandatario, la expansión de estas prácticas delictivas refleja un debilitamiento del control territorial, lo que estaría siendo aprovechado por estructuras criminales que operan mediante amenazas, panfletos y redes de intimidación.
Municipios se suman al llamado de atención
La preocupación no se limita a la capital del Atlántico. En municipios como Sabanagrande, Polonuevo y Baranoa, los alcaldes también han levantado la voz frente a los recientes hechos de violencia que han afectado a sus comunidades.
En Sabanagrande, una marcha por la paz reunió a cientos de habitantes que salieron a las calles para rechazar la violencia y pedir soluciones. El alcalde Darwin Rosales Mora describió un ambiente de angustia colectiva, tras una serie de episodios que han impactado la tranquilidad del municipio.
El mandatario explicó que, pese a ser una localidad pequeña, los hechos recientes han generado un fuerte impacto social. La comunidad, dijo, se encuentra "dolida y alarmada", lo que evidencia la dimensión del problema en territorios que históricamente habían mantenido niveles más bajos de violencia.
Exigen respuesta articulada del Gobierno nacional
Desde Polonuevo, el alcalde Óscar Avilez insistió en que la situación de orden público requiere una intervención articulada de todas las autoridades. El mandatario pidió la presencia directa del Gobierno nacional en el territorio, con el fin de evaluar la magnitud del problema y definir acciones concretas.
El llamado incluye al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, entidades a las que solicitan medidas urgentes para contener la expansión de la violencia y recuperar la confianza ciudadana. Según los alcaldes, la crisis actual no puede abordarse únicamente desde lo local, debido a la complejidad de las estructuras criminales involucradas.
En Baranoa, el alcalde Edinson Palma convocó a una movilización ciudadana como respuesta simbólica frente a la violencia. La jornada busca reunir a distintos sectores sociales en torno a un mensaje de rechazo a los actos delictivos y de defensa de la convivencia.
Las marchas por la paz se han convertido en una expresión del descontento ciudadano, pero también en un llamado a la acción institucional. Para los mandatarios, la participación comunitaria es clave, aunque insisten en que se requieren decisiones de fondo para frenar la escalada de inseguridad.
Momento crítico para la seguridad en el Atlántico
En medio de este panorama, el Atlántico enfrenta un momento crítico en materia de orden público. La convergencia entre extorsión, violencia y percepción de desprotección plantea desafíos urgentes para las autoridades, que deberán responder con estrategias integrales para restablecer la seguridad en la región.
Analistas en seguridad han advertido que el aumento de denuncias por extorsión coincide con la presencia de grupos que operan mediante amenazas, consolidando economías ilegales en diferentes puntos del departamento. Esta situación ha llevado a que incluso la Iglesia Católica se sume al llamado, invitando a la unidad y a la solidaridad como herramientas para enfrentar la crisis.
Los mandatarios locales coinciden en que se necesita una respuesta coordinada entre autoridades locales y nacionales, con presencia efectiva en los territorios más afectados y medidas concretas que permitan recuperar la tranquilidad de los ciudadanos y la viabilidad económica de los pequeños negocios que sostienen a miles de familias en el departamento.
