Findeter, la banca de desarrollo territorial, ha revelado que en los últimos tres años se han presentado 157 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos fraudes en las cartas de cupo de crédito utilizadas en procesos de contratación. La entidad indicó que estas alteraciones documentales buscan obtener beneficios indebidos en las convocatorias públicas.
Más de 1.000 convocatorias en cuatro años
Iván Rusinque, secretario general de Findeter, destacó que en los últimos cuatro años la entidad ha ejecutado cerca de 1.000 convocatorias públicas, abarcando diversos sectores económicos. De estas, 57 fueron declaradas desiertas inicialmente, pero luego se relanzaron para garantizar su realización. "Específicamente 930 convocatorias llevamos en estos últimos 4 años, hemos tenido un promedio de siete proponentes por convocatoria, lo que garantiza la concurrencia de oferentes", explicó Rusinque.
Procesos desiertos y requisitos incumplidos
El funcionario señaló que los procesos declarados desiertos suelen deberse a que los proponentes no cumplen con todos los requisitos. En estos casos, la entidad evalúa las causas y, si es necesario, vuelve a publicar la convocatoria para que los interesados puedan participar nuevamente. Actualmente, no hay ningún proyecto desierto, ya que se toman medidas para asegurar la contratación mediante nuevas convocatorias o reestructuraciones.
Protocolo de verificación contra fraudes
Ante el incremento de documentos falsos, Findeter ha implementado un protocolo de corroboración directa con los bancos emisores de las cartas de crédito. "Hemos evidenciado alteraciones en los documentos de contratación, particularmente en las cartas cupo de crédito. Por eso, establecimos un canal oficial para verificar y mitigar cualquier riesgo de que nos presenten papeles falsos", afirmó Rusinque. Las denuncias ya están en manos de la Fiscalía, que determinará la autenticidad de los documentos y tomará las decisiones judiciales correspondientes.
La entidad reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación pública, invitando a los participantes a cumplir estrictamente con los requisitos establecidos.
