Controversia por condiciones de reclusión de 'Epa Colombia' en centro especial
La situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como 'Epa Colombia', ha vuelto a generar intenso debate público tras revelarse nuevos y preocupantes detalles sobre su permanencia en un centro especial de reclusión. Un informe interno de carácter reservado, al que tuvo acceso Noticias Colombia, documenta múltiples episodios que han despertado serios cuestionamientos sobre las condiciones en las que cumple su condena y la efectividad de los protocolos de seguridad implementados.
Contexto de la condena y traslado
La influenciadora digital enfrenta una pena superior a cinco años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines de terrorismo. Esta condena está directamente relacionada con los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando difundió un video en el que destruía parte de una estación de TransMilenio en Bogotá durante las manifestaciones del Paro Nacional.
Inicialmente, Barrera Rojas fue recluida en la cárcel El Buen Pastor, pero en agosto de 2025 fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional. Este cambio de ubicación se realizó debido a condiciones especiales de seguridad asociadas a su alta visibilidad pública y notoriedad mediática, permaneciendo actualmente en un centro especial dentro de estas instalaciones.
Hallazgos preocupantes dentro del centro de reclusión
El informe interno documenta varios incidentes ocurridos durante su permanencia en la guarnición policial, siendo uno de los más llamativos el registrado el 17 de noviembre de 2025. En esa fecha, las autoridades no lograban ubicar a la interna dentro de las instalaciones, iniciando una búsqueda que culminó con su hallazgo dentro de un vehículo estacionado en un área no autorizada.
Según el reporte oficial, se trataba de un automóvil Mini Cooper color morado que, al parecer, había ingresado al recinto por un evidente descuido en los controles de seguridad. El documento deja constancia de que la propia Barrera manifestó ser la dueña del vehículo y que este sería un regalo destinado para su pareja sentimental.
Incumplimientos reiterados y problemas de convivencia
El ingreso del automóvil al centro de reclusión generó interrogantes fundamentales sobre los protocolos de seguridad, ya que este tipo de situaciones no estarían permitidas bajo ninguna circunstancia dentro de instalaciones oficiales de detención. Pero los hallazgos no se limitaron al vehículo.
El mismo informe señala que entre noviembre de 2025 y enero de 2026 le fueron encontrados a la interna al menos cinco teléfonos celulares, elementos estrictamente prohibidos para personas privadas de la libertad. Estos descubrimientos quedaron registrados formalmente como parte de los reportes internos de comportamiento y conducta.
A estas irregularidades se suman problemas significativos de convivencia documentados en el centro. En uno de los registros, fechado el 2 de enero de 2026, se indicó que la interna mantenía música a volumen excesivamente alto, causando molestias considerables entre otras reclusas. Según el documento, al ser requerida por la custodia para reducir el volumen, no accedió a la solicitud, argumentando que tenía permiso para mantenerlo hasta cierta hora específica.
Altercados y tensiones documentadas
Asimismo, se reportó un altercado con otra interna el 27 de diciembre de 2025, relacionado con diferencias personales de carácter no especificado. Estos episodios reflejan tensiones palpables dentro del lugar de reclusión y han puesto en el foco público el cumplimiento real de las normas internas establecidas.
Las tensiones también se habrían extendido a su relación con otras internas de perfil mediático. El informe menciona específicamente un altercado con Margaret Chacón, procesada por el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Ambas mujeres, según el reporte oficial, manifestaron que mantenían diferencias personales sustanciales que generaban fricción constante.
Finalmente, el documento incluye quejas formales presentadas por otras reclusas, lo que refleja un ambiente generalizado de fricciones dentro del lugar de reclusión especial. Según lo revelado por las investigaciones periodísticas, las autoridades del centro no emitieron una respuesta oficial frente a estos hechos tras ser consultadas directamente sobre los incidentes reportados.
Repercusiones y debate público
Las revelaciones conocidas por este medio reabren el debate nacional sobre las condiciones de reclusión de figuras públicas en Colombia y la efectividad real de los controles implementados en centros especiales de detención. La situación plantea interrogantes fundamentales sobre:
- La consistencia en la aplicación de protocolos de seguridad
- La supervisión efectiva de personas privadas de la libertad con alta notoriedad pública
- Las garantías de convivencia y orden dentro de instalaciones especiales
- La transparencia en el manejo de información sobre incidentes carcelarios
Este caso particular de 'Epa Colombia' se ha convertido en un referente nacional para evaluar la capacidad del sistema penitenciario colombiano para manejar situaciones complejas que involucran a individuos con amplia exposición mediática, manteniendo al mismo tiempo los estándares de seguridad, disciplina y respeto a los derechos fundamentales.
