Nueva cárcel en La Guajira con capacidad para 1.722 internos se entregará en 2026
El Gobierno Nacional avanza en la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en Riohacha, La Guajira, que aportará 1.722 cupos al sistema carcelario colombiano y cuya entrega está programada para el año 2026. Este proyecto forma parte de una estrategia integral para ampliar la infraestructura penitenciaria y enfrentar el problema de hacinamiento que afecta a los centros de reclusión del país.
Detalles de la construcción y avance del proyecto
Según información oficial, la obra registra un avance físico cercano al 88%, encontrándose en su fase final de construcción. El complejo penitenciario se levanta en un área de aproximadamente 36.000 metros cuadrados en la zona rural de Riohacha, donde se han construido diferentes edificaciones destinadas a la operación del establecimiento.
El diseño arquitectónico incluye:
- Ocho pabellones (uno para mujeres y siete para hombres)
- Áreas administrativas y judiciales
- Espacios para visitas familiares
- Zonas de tratamiento penitenciario y resocialización
- Instalaciones sanitarias y talleres de mantenimiento
- Lavandería, depósitos de residuos y auditorio
- Planta de tratamiento de aguas residuales
- Alojamiento para personal de custodia
Características especiales para poblaciones específicas
Uno de los aspectos más destacados de este nuevo establecimiento es la inclusión de espacios diseñados para atender particularidades culturales y sociales de grupos específicos de la población reclusa.
Para la comunidad Wayuú se construyó una estructura similar a una maloka tradicional, con capacidad para 218 personas, que permitirá el libre desarrollo de sus prácticas culturales étnicas. Este espacio busca facilitar procesos de resocialización respetuosos con la identidad indígena.
En el pabellón destinado a mujeres privadas de la libertad, se prevé la operación de un Centro de Desarrollo Infantil en Establecimiento de Reclusión (Dier), diseñado para atender a los hijos de mujeres que permanecen con sus madres durante los primeros años de vida, con capacidad para hasta 15 mujeres maternas.
Contexto nacional y necesidad de ampliación
La construcción de esta nueva cárcel se produce en medio de un preocupante escenario de sobrepoblación en los centros de reclusión colombianos. Datos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) indican que en Colombia permanecen más de 103.000 personas privadas de la libertad, mientras que la capacidad instalada en los establecimientos penitenciarios alcanza apenas poco más de 81.000 cupos.
Fidel Ignacio Espitia Ordóñez, director general (e) de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), explicó que esta construcción responde a compromisos institucionales establecidos en el documento CONPES estratégico 4082 del 2022, así como al cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional que buscan garantizar condiciones dignas y seguras para la población privada de la libertad.
Inversión y otros proyectos en desarrollo
Este establecimiento forma parte de un conjunto de tres nuevas cárceles que el Ministerio de Justicia está construyendo en Magdalena, La Guajira y Risaralda. En conjunto, estas tres obras sumarán 5.196 cupos para personas privadas de la libertad y representan una inversión cercana a los 780 mil millones de pesos.
Las autoridades han señalado que estas construcciones "se entregarán entre 2025 y 2026", contribuyendo significativamente a la ampliación de la capacidad del sistema penitenciario nacional.
Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo ha manifestado que la entrada en operación de esta nueva infraestructura debe ir acompañada de acciones institucionales que garanticen la prestación efectiva de servicios a la población privada de la libertad.
El organismo enfatizó la necesidad de una adecuada articulación institucional que asegure el acceso a salud, alimentación, programas de resocialización y demás condiciones necesarias para un trato digno, en concordancia con los principios constitucionales y estándares internacionales en materia penitenciaria.
Adicionalmente, la entidad planteó que la ampliación de la infraestructura penitenciaria debe complementarse con una política criminal que promueva el uso racional de la privación de la libertad, fortaleciendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión y priorizando enfoques que contribuyan a la reducción del hacinamiento carcelario.
Con este proyecto, Colombia busca no solo aumentar su capacidad carcelaria, sino también mejorar las condiciones de reclusión y avanzar en procesos de resocialización más efectivos, particularmente en regiones como La Guajira donde las particularidades culturales requieren enfoques especializados en el tratamiento penitenciario.
