Veeduría alerta sobre grave riesgo para salud de más de 100.000 presos
La Red de Veedurías de Colombia ha emitido una alerta urgente sobre el peligro que enfrentaría la salud de más de 106.000 personas privadas de la libertad en todo el país, debido a una decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud que podría afectar la continuidad de la atención médica en el sistema penitenciario.
Decisión tomada sin estudios ni planificación
Según Pablo Bustos, presidente de la organización, la medida que acelera un modelo de operador único a cargo de Nueva EPS fue aprobada sin contar con estudios técnicos, jurídicos o financieros que respalden el cambio. Además, no existe un plan de transición que garantice la continuidad del servicio, lo que podría generar interrupciones en la atención médica de una población que depende completamente del Estado.
"Esta situación se repite desde hace años en el sistema penitenciario y pone en riesgo derechos fundamentales", señaló Bustos, quien recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que la atención en salud de las personas privadas de la libertad es una obligación estatal de aplicación inmediata.
Preocupación por capacidad de Nueva EPS
La Red de Veedurías cuestiona especialmente que el Consejo Directivo del Fondo haya acogido una propuesta del Ministerio de Salud para concentrar toda la atención en Nueva EPS en menos de dos meses, pese a que esta entidad atraviesa dificultades financieras y operativas, y su estructura no estaría diseñada para las particularidades del sistema carcelario.
Entre las principales preocupaciones destacan:
- Terminación anticipada de contratos vigentes sin garantías de continuidad
- Posibles intermitencias en la prestación del servicio médico
- Riesgo para la salud y vida de los internos por falta de atención adecuada
- Priorización de políticas administrativas sobre derechos fundamentales
Comparación con caso Caprecom y advertencias legales
El documento presentado ante la Contraloría y la Procuraduría compara la situación actual con lo ocurrido con Caprecom entre 2009 y 2015, periodo en el que se registraron fallas graves en la atención médica penitenciaria. La Red advierte que, de comprobarse afectaciones a la salud de los reclusos, podrían configurarse irregularidades disciplinarias por desconocer principios de legalidad y planeación.
Actualmente, el servicio de salud penitenciario se presta a través del Fondo Nacional de Salud, administrado por la Uspec, mediante un contrato de fiducia con Fiduprevisora S.A. Este esquema permite contratar prestadores en todo el país para distintos niveles de atención, sistema que ahora estaría en riesgo de modificarse sin las garantías necesarias.
La alerta de la Red de Veedurías subraya la vulnerabilidad extrema de la población carcelaria y la responsabilidad del Estado en garantizar su derecho fundamental a la salud, especialmente considerando que se trata de personas que dependen completamente de las instituciones públicas para su atención médica.
