Inpec suspende provisionalmente a 11 funcionarios tras escándalo de parranda vallenata en cárcel de Itagüí
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha tomado la primera medida disciplinaria significativa tras el grave escándalo que sacude a la institución: la suspensión provisional por tres meses de once funcionarios vinculados a la parranda vallenata que se realizó en la cárcel de Itagüí, Antioquia, con la participación del cantante Nelson Velásquez.
Medida disciplinaria firmada por el director del Inpec
La Resolución 002627 del 10 de abril de 2026, firmada por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, establece la suspensión provisional de los once funcionarios mientras avanza la investigación disciplinaria en su contra. La medida administrativa, que también cuenta con la firma de la subdirectora de Talento Humano Luz Myriam Tierradentro Cachaya, establece que los suspendidos no recibirán remuneración alguna durante los próximos tres meses.
Entre los funcionarios suspendidos destaca Fredy Antonio Ciprián Díaz, teniente de prisiones grado 16, quien se desempeñaba como director encargado de la cárcel de Itagüí durante los hechos del 8 de abril, mientras el director en propiedad Édgar Iván Pérez Ortega se encontraba en descanso por Semana Santa. Pérez Ortega no es objeto de la actuación disciplinaria.
Lista completa de funcionarios investigados
Los once funcionarios suspendidos provisionalmente son:
- Nairo Vargas Rubio – Dragoneante grado 11
- Fran Alexander Barbosa Pinzón – Dragoneante grado 11
- Jhon Eduar Aguilar Conde – Dragoneante grado 11
- Juan Camilo Goez David – Dragoneante grado 11
- Juan Diego Ospina Morales – Dragoneante grado 11
- Gustavo Adolfo Montejo Casas – Dragoneante grado 11
- Eduardo Parra Ceballos – Inspector grado 13
- Salvador del Cristo Jimenes Palencia – Inspector jefe grado 14
- Heyler Antonio Fracica Sarmiento – Teniente de prisiones grado 16
- Fredy Antonio Ciprián Díaz – Teniente de prisiones grado 16
Contexto del escándalo penitenciario
El escándalo se desató cuando se reveló que en el pabellón 1 de la cárcel de Itagüí se realizó una parranda vallenata con la participación de Nelson Velásquez, evento al que asistieron varios jefes criminales que actualmente negocian la paz en el Valle de Aburrá con el gobierno nacional. La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla fue quien inicialmente alertó sobre los hechos.
Según investigaciones periodísticas, la celebración tenía como objetivo festejar el cumpleaños de Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho y jefe de la banda 'la Agonía', y la posible salida de prisión de Sebastián Murillo, alias Lindolfo.
Investigaciones paralelas de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación ha abierto dos líneas de investigación relacionadas con el caso. La primera busca determinar la responsabilidad de los guardias del Inpec que permitieron, ya sea por omisión o complicidad, la entrada de los músicos al pabellón donde se realizó la parranda. En este pabellón se encuentran albergados delincuentes de alto perfil, incluidos nueve que participaron en el 'tarimazo' del presidente Gustavo Petro en La Alpujarra el pasado 21 de junio.
Los investigadores examinarán si los funcionarios cometieron el delito de prevaricato y ya realizaron una inspección en las instalaciones de la cárcel para recolectar material probatorio.
La segunda línea de investigación está dirigida al cantante Nelson Velásquez, a quien se le indagará por un eventual lavado de activos con el dinero recibido por su presentación. Aunque aún no se ha identificado quién pagó al artista, las pistas sugieren que los fondos provendrían de actividades ilícitas de los jefes criminales del Valle de Aburrá.
Reacciones internas y críticas a la gestión
Una fuente interna del Inpec, que trabaja en derechos humanos, comentó sobre la situación: "No se puede tapar el sol con un dedo ante este tipo de novedades, porque claramente se ve la inoperancia de las directivas. Pero también cabe tener en cuenta el caso de los compañeros que pudieron actuar por temor o por corrupción".
La investigación disciplinaria se inició en la Regional Noroeste del Inpec y, según el documento firmado por Daniel Gutiérrez, contra la decisión de suspensión no proceden recursos en sede administrativa, lo que consolida esta como la primera medida concreta tomada por la institución tras siete días de conocidos los hechos.
