Juez ordena medida de aseguramiento en centro carcelario contra 'Marlito' en San Andrés
Un juez de control de garantías ha decretado medida de aseguramiento en un centro carcelario contra Marlon Gómez Hudgson, conocido con el alias de "Marlito", de 22 años de edad. La decisión judicial se produce tras ser señalado de protagonizar un grave hecho de intimidación contra un miembro de la Policía Nacional en la isla de San Andrés, en un caso que ha generado alarma en el archipiélago.
Los hechos ocurrieron en un muelle turístico concurrido
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron el pasado 4 de abril en un muelle turístico ubicado en la Avenida Newball, uno de los sectores más concurridos y visitados del archipiélago de San Andrés. Según las autoridades, el hoy procesado habría amenazado inicialmente a un ciudadano con un arma de fuego, lo que alertó inmediatamente a un uniformado que se encontraba cerca del lugar realizando labores de vigilancia.
Al notar la situación de peligro, el policía procedió a requerir al sospechoso para practicarle una requisa exhaustiva, en medio de un procedimiento que terminó con su captura en flagrancia. Durante la inspección personal, los uniformados hallaron en poder de Gómez Hudgson una pistola calibre 9 milímetros, la cual no contaba con el permiso exigido por las autoridades competentes para su portación.
Amenazas de muerte durante el procedimiento policial
La situación se agravó considerablemente cuando, presuntamente, el capturado reaccionó de forma violenta y lanzó amenazas de muerte contra el funcionario policial encargado del operativo. Este comportamiento hostil frente a la autoridad añadió gravedad a los cargos que posteriormente serían imputados.
Tras la recopilación de elementos materiales probatorios y testimonios, una fiscal de la Seccional San Andrés Isla le imputó formalmente los delitos de:
- Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
- Amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos
Procesado no acepta cargos pero juez ordena prisión preventiva
Pese a la contundencia de los señalamientos y las pruebas presentadas por la Fiscalía, el procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares del caso. Mantuvo su postura de no reconocer responsabilidad en los hechos que se le imputan.
No obstante esta negativa, el juez de control de garantías consideró que existían suficientes elementos probatorios y factores de riesgo para ordenar su envío a un establecimiento de reclusión mientras avanza el proceso judicial en su contra. La medida busca garantizar que el investigado no obstaculice la investigación ni represente un peligro para la comunidad o para los testigos del caso.
El caso continúa su curso legal, con la Fiscalía trabajando en el fortalecimiento de la investigación mientras el procesado permanece detenido en espera de las próximas audiencias que definirán el futuro de este proceso penal.
