Voceros de paz en prisión responden tras escándalo por fiesta y lujos incautados
En un giro significativo tras la polémica generada por la parranda vallenata en la cárcel La Paz de Itagüí, varios de los cabecillas vinculados al proceso de paz urbana con el Gobierno nacional han emitido un comunicado oficial donde reconocen su responsabilidad y hacen un llamado explícito para reactivar los diálogos con el Estado. Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos sobre el manejo de los procesos de negociación en centros penitenciarios.
Operativo del INPEC revela privilegios y reaviva críticas
La declaración de los reclusos llega después de un nuevo operativo del INPEC realizado en el penal, donde las autoridades incautaron 62 neveras, 11 estufas, 26 ollas eléctricas, licuadoras, sanducheras, licor y sustancias ilícitas. Este hallazgo ha reavivado las críticas sobre los privilegios existentes dentro del centro penitenciario y ha puesto en duda la efectividad de los controles estatales en establecimientos donde se adelantan procesos de paz.
Reconocimiento de responsabilidad y llamado al diálogo
En su comunicado, los cabecillas señalaron textualmente: "asumimos la responsabilidad política como voceros de paz y personas privadas de la libertad en proceso de resocialización". Además, añadieron que comprenden "el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno nacional ha depositado" en el proceso.
Los reclusos hicieron un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que se retomen los diálogos de paz urbana, asegurando que están comprometidos a que hechos como la polémica fiesta -en la que habría participado el cantante Nelson Velásquez- no vuelvan a repetirse. Este compromiso busca reconstruir la confianza deteriorada por los recientes acontecimientos.
Reacción política y defensa de las familias
El escándalo ha generado una fuerte reacción en el ámbito político. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó duramente el manejo del proceso en redes sociales, afirmando que "todo comenzó con el Pacto de la Picota para ganar la Presidencia... luego la Paz Total... y ahora esto", en referencia a lo que considera un deterioro del control estatal sobre los internos en procesos de negociación.
En medio del debate, los reclusos también solicitaron respeto por sus familias, luego de señalamientos sobre el ingreso de trabajadoras sexuales durante la celebración. En su comunicado expresaron que esas afirmaciones responden al "morbo político y estrategias electorales", y rechazaron que se construyan versiones que, según ellos, afectan la dignidad de sus allegados.
Intensificación del debate sobre el modelo de paz total
El caso ha intensificado la discusión nacional sobre el modelo de paz total y el papel de los voceros en prisión, especialmente tras las revelaciones de privilegios, fiestas, lujos y presuntas irregularidades dentro del penal de Itagüí. La situación expone las tensiones inherentes a un proceso que busca negociar con estructuras criminales mientras mantiene el orden dentro de las instituciones carcelarias.
Mientras el Gobierno evalúa los próximos pasos del proceso, el país sigue dividido entre quienes piden mantener los diálogos como camino hacia la pacificación y quienes consideran que los recientes hechos evidencian una pérdida de control en las cárceles donde se adelantan negociaciones con estructuras criminales. La resolución de este conflicto podría definir el futuro de la política de paz urbana en Colombia.
