Escándalo carcelario congeló diálogos del gobierno con bandas criminales
La revelación de una parranda vallenata ilegal dentro de la cárcel de Itagüí, con un costo estimado de 500 millones de pesos, ha generado una crisis institucional que llevó al gobierno del presidente Gustavo Petro a congelar temporalmente el Espacio de Conversación Socio Jurídico (SCSJ) que mantenía con cabecillas de bandas criminales recluidos en el penal.
La fiesta millonaria que sacudió el sistema
Según denuncias presentadas por la exfiscal y actual concejala Claudia Carrasquilla, la celebración se realizó en el patio 1 del establecimiento carcelario y contó con la participación del reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez, quien habría recibido aproximadamente 100 millones de pesos por su presentación. Entre los presuntos organizadores se mencionan a varios cabecillas criminales, incluyendo a alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Chaparro, alias Vallejo y alias Tom, todos ellos protagonistas del llamado 'tarimazo' con el presidente Petro en junio de 2025.
Como consecuencia inmediata del escándalo, el gobierno tomó dos decisiones contundentes: la salida del director encargado de la cárcel de Itagüí y la suspensión del mecanismo de diálogo con los líderes criminales recluidos.
La versión de alias Douglas: negación rotunda
En un comunicado exclusivo conocido por este medio, José Leonardo Muñoz, alias Douglas, jefe de la llamada 'Oficina de Envigado', niega categóricamente cualquier participación en los hechos. El documento, firmado el 9 de abril de 2026, establece:
- No tuvo participación en la organización o financiamiento de la parranda con Nelson Velásquez
- Durante el día de los hechos (8 de abril) se encontraba en visita familiar autorizada, cumpliendo con todos los reglamentos del INPEC
- El cantante ingresó a un patio diferente (patio 3) al que él habita (patio de máxima seguridad)
- No consumió licor durante la visita familiar, tanto por respeto a las normas como por su delicado estado de salud
Douglas, condenado a 32 años de prisión por secuestro extorsivo y concierto para delinquir, solicita en su comunicado que se retracten de cualquier señalamiento en su contra y reitera su compromiso con la paz y la resocialización.
Investigaciones en curso y silencio de otros implicados
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ya inició una investigación interna exhaustiva para determinar las responsabilidades en este caso, incluyendo la verificación de la presencia o ausencia de alias Douglas en la fiesta ilegal. Hasta el momento, los otros cabecillas criminales mencionados como posibles organizadores no se han pronunciado públicamente.
En su comunicado, alias Douglas finaliza instando a la concejala Carrasquilla a que informe quiénes fueron los verdaderos responsables de los ilícitos, si es que estos existieron, y manifiesta su rechazo tajante a cualquier violación de las normas carcelarias.
Este escándalo representa un duro golpe a los procesos de diálogo que el gobierno había establecido con líderes criminales recluidos, generando interrogantes sobre el control real que ejercen las autoridades dentro del sistema penitenciario y la capacidad de estos individuos para mantener actividades ilícitas incluso desde la prisión.
