Protección de congresistas: un sistema complejo y costoso en Colombia
En los últimos días, eventos como la detención de Aída Quilcué y el fallecimiento de Diógenes Quintero en un accidente han reavivado el debate sobre cómo se protege a los legisladores y cuál es el valor económico de esa protección. Más allá de casos específicos, el sistema de seguridad para congresistas opera bajo reglas establecidas, involucra múltiples actores y presenta un punto crítico: el costo total por persona no se refleja en una única cuenta pública, lo que dificulta la auditoría ciudadana.
El modelo híbrido de la Unidad Nacional de Protección
En Colombia, los esquemas de protección para congresistas son gestionados principalmente por la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad adscrita al Ministerio del Interior, y se coordinan operativamente con la Policía Nacional. Este modelo es híbrido, combinando personal especializado, vehículos y tecnología según el nivel de riesgo evaluado para cada legislador. La protección no funciona como un servicio estándar; en cambio, la UNP asigna medidas basadas en evaluaciones de riesgo y decisiones de un comité técnico. El principio fundamental es que a mayor riesgo, mayor es el paquete de protección, y este se ajusta si las condiciones de amenaza cambian.
Esta lógica explica por qué no existe una cifra única de costo por congresista. Los esquemas pueden variar significativamente dependiendo del territorio, la exposición pública y los patrones específicos de amenaza. Además, aspectos operativos detallados, como rutas, horarios y protocolos finos, no se hacen públicos por razones de seguridad, lo que añade una capa de opacidad al sistema.
Asignación y componentes del esquema de protección
El proceso de asignación del esquema de protección sigue un flujo administrativo estructurado que deja huellas documentales, asegurando que las decisiones no se basen en intuición sino en procedimientos formales. Un esquema típico se sostiene sobre tres pilares fundamentales:
- Personal de protección: Incluye policías y otros perfiles especializados vinculados al esquema.
- Movilidad: Centrada en vehículos, que pueden ser blindados o convencionales según el nivel de riesgo.
- Tecnología: Equipos de comunicación y otros elementos de apoyo cuando son necesarios.
Según promedios reportados para 2023, basados en referencias atribuidas a la Contraloría General de la República, el paquete promedio para congresistas incluye alrededor de 2,12 vehículos y 1,55 personas de protección por beneficiario, aunque estas cifras no son fijas y pueden fluctuar.
Financiamiento y cifras clave del sistema
El financiamiento de la protección de congresistas se divide en dos capas visibles. La primera es el presupuesto nacional de la UNP, que cubre múltiples poblaciones protegidas, no solo legisladores. En reportes recientes, se citan montos globales de aproximadamente $2,726 billones para 2024 y $3,387 billones para 2025. La segunda capa involucra convenios específicos entre el Congreso y la UNP para la gestión de la flota vehicular.
Para 2024, se reportó un convenio con la Cámara de Representantes por $84.866 millones, asociado a 364 vehículos y una ampliación para arrendar 401 unidades, bajo una regla operativa de "dos camionetas por representante", con ajustes por curules de paz y necesidades administrativas. En el Senado, se contempló un convenio para 216 camionetas. Esto indica que una parte significativa del gasto visible para el público se concentra en vehículos y contratos asociados, destacando la importancia de este componente en el esquema general.
Desafíos de transparencia y control público
No existe un consolidado estándar del "costo completo por congresista" que sume de manera directa y comparable rubros como nómina policial imputable, combustible, mantenimiento, peajes, viáticos, tecnología y costos administrativos. Parte de esta información está dispersa entre presupuestos, convenios y contratos, mientras que otra corresponde a operaciones que se manejan con reserva por seguridad. Por lo tanto, cualquier cifra cerrada que pretenda incluir todos estos elementos sin un desglose completo resulta incompleta y limita la capacidad de auditoría ciudadana.
En este contexto, se cruzan dos exigencias críticas: proteger las vidas de los legisladores y asegurar la transparencia en el gasto público. Reportes recientes mencionan una referencia atribuida a la Contraloría que indica una concentración del gasto en protección individual (más del 93%) frente a protección colectiva (alrededor del 7%). Además, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha abierto una investigación y formulado cargos por presuntas prácticas restrictivas en procesos de arrendamiento de vehículos para la UNP entre 2015 y 2024, con presupuestos que alcanzan montos como $212.164 millones.
Para los ciudadanos, el efecto práctico es claro: mientras la seguridad de los congresistas es necesaria, la falta de cifras comparables y trazabilidad por componentes limita el control público. Esto subraya la urgencia de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas en un sistema que, aunque vital, opera con altos costos y dispersión informativa.
