El Tribunal Administrativo de Antioquia se pronuncia sobre la suspensión del decreto de territorialización de la salud
En un reciente desarrollo legal, el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un pronunciamiento clave respecto a una solicitud de aclaración sobre el alcance de una medida cautelar urgente. Esta medida había suspendido temporalmente el Decreto 182 del 25 de febrero, expedido por el Ministerio de Salud, el cual proponía una reestructuración territorial del sistema de salud y una redefinición del mapa de las EPS en Colombia. Como consecuencia de esta suspensión, se ha evitado el traslado forzoso de millones de usuarios a diferentes entidades promotoras de salud.
Detalles de la solicitud y la respuesta del tribunal
El pasado 20 de marzo, el alto tribunal respondió a una solicitud presentada por Camilo Carrera Romero, coadyuvante del proceso y coordinador de la EPS EMSSANAR. Carrera solicitaba que se aclarara si la medida cautelar también afectaba actos administrativos emitidos previamente por la Superintendencia de Salud, específicamente una resolución que modificaba el ámbito territorial de autorización de funcionamiento de EMSSANAR.
Sin embargo, el magistrado Daniel Montero desestimó esta petición, argumentando que no existía ningún aspecto que requiriera aclaración. En su auto, el tribunal explicó que la medida cautelar tiene un alcance definido expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la cual ordena abstenerse de aplicar las disposiciones del Decreto 182, sin cubrir actos administrativos particulares como el mencionado por el coadyuvante.
Contexto de la suspensión y preocupaciones sobre el traslado de usuarios
La suspensión del decreto se originó a partir de una demanda interpuesta por el ciudadano Víctor Raúl Palacio, quien alegó que la medida afectaba intereses colectivos. Según la demanda, se preveían traslados obligatorios masivos de aproximadamente 6 millones de usuarios entre EPS, incluyendo 2.600.000 que serían reasignados a Nueva EPS.
Nueva EPS, actualmente intervenida desde abril de 2024, enfrenta graves problemas financieros y operativos. La entidad no cumple con los requisitos de capital mínimo, no reporta estados financieros completos y presenta un aumento progresivo de quejas y acciones de tutela debido a la falta de prestación de servicios. Esto ha generado una amplia preocupación entre diversas organizaciones y expertos en salud.
Críticas al Decreto 182 y sus implicaciones
El Decreto 182 del Ministerio de Salud busca una nueva territorialización del país, desautorizando a algunas EPS en municipios donde se considera que no tienen capacidad suficiente. Como resultado, Nueva EPS se convertiría en la única entidad presente en todo el territorio nacional, recibiendo afiliados en 504 municipios y aproximadamente 2,4 millones de personas reasignadas.
Varios colegios médicos, incluyendo los de Cauca, Antioquia, Cundinamarca-Bogotá y Santander, han expresado su descontento. En un comunicado conjunto, señalaron que Nueva EPS "viene en un proceso de deterioro dramático en sus indicadores de calidad y financieros", lo que impide garantizar servicios a sus afiliados actuales. Asignarle más población, argumentan, pondría en riesgo la salud de pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas, cáncer y de alto costo.
Estas preocupaciones son compartidas por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que en una carta advirtió que los traslados de usuarios podrían empeorar las condiciones de salud de grupos poblacionales vulnerables y deteriorar la estabilidad de aquellos que actualmente la tienen.
Conclusión y reiteración de la medida cautelar
En su decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia reiteró que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud deben abstenerse de materializar las disposiciones del Decreto 182 de 2026. Este fallo subraya la importancia de abordar las deficiencias del sistema actual antes de implementar cambios estructurales que podrían afectar negativamente a millones de colombianos.
La situación continúa bajo escrutinio legal y público, con un enfoque en garantizar que cualquier reestructuración del sistema de salud priorice la calidad y accesibilidad de los servicios para todos los usuarios.
