Alerta por traslados masivos de EPS afectaría a 6,6 millones de usuarios del sistema de salud
La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud ha emitido una alerta pública ante los cambios administrativos que podrían derivar en traslados masivos de afiliados del sistema de salud, una medida que, según la organización, impactaría a 6,6 millones de usuarios en distintas regiones del país.
Pronunciamiento dirigido a entes de control
El pronunciamiento fue dirigido a los entes de control y a la opinión pública, ante lo que califican como un riesgo de profundización de la crisis que enfrentan usuarios, pacientes y trabajadores del sector. De acuerdo con la Mesa, el Ministerio de Salud dejó en consulta pública actos administrativos que anticipan la expedición de un decreto, el cual modificaría de manera estructural el modelo vigente y establecería un proceso de habilitación de las Entidades Promotoras de Salud con base en criterios territoriales.
Para la organización, este cambio normativo tendría efectos directos sobre la continuidad de la atención y el acceso efectivo a los servicios. Uno de los puntos centrales del llamado de alerta es el traslado masivo de afiliados entre EPS, que se produciría como consecuencia de la aplicación del decreto.
Distribución de los traslados
Según la información divulgada, 3,19 millones de usuarios serían trasladados a la Nueva EPS, 289.262 a Savia Salud y 533.429 a la EPS S.O.S, entre otros movimientos. La Mesa sostiene que estos cambios se realizarían sin mediar la decisión individual de los afiliados, afectando el derecho de libre escogencia.
En este contexto, la organización advirtió que los usuarios serían reasignados a EPS intervenidas, sin que se les permita elegir su asegurador. "Los usuarios afectados en virtud del decreto serán trasladados a EPS intervenidas sin capacidad de prestación de servicios, vulnerando sus derechos", señaló la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud en su comunicado.
Riesgos adicionales identificados
El pronunciamiento también recuerda que las EPS intervenidas concentran el mayor volumen de usuarios que serían trasladados, pese a que, según informes de la Contraloría General de la República y declaraciones públicas del propio Gobierno, estas entidades no han logrado mejoras sostenidas en la prestación oportuna y digna de los servicios.
Otro de los riesgos señalados es la interrupción de tratamientos médicos, en particular para pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, raras o de especial cuidado. La Mesa advierte que los cambios administrativos podrían afectar la continuidad asistencial y generar barreras adicionales en un contexto ya marcado por dificultades de acceso.
Fenómeno "Shu-Shu-Shu" y presiones financieras
Finalmente, la organización alertó sobre la posible materialización del fenómeno conocido como "Shu-Shu-Shu", asociado al traslado de la carga de enfermedad a aseguradoras sin capacidades administrativas y financieras suficientes. "Esto deriva en presiones financieras adicionales para EPS, IPS y principalmente para los usuarios, que seguirían sacando dinero de su bolsillo para acceder a los servicios", indicó la Mesa.
Contenido del proyecto de decreto
El proyecto de decreto con el que el Gobierno Nacional busca implementar mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud marca un punto de inflexión en la organización del sistema. Aunque el Ministerio de Salud lo presenta como un instrumento técnico para garantizar equidad, sostenibilidad financiera y acceso efectivo, su contenido ha encendido alertas jurídicas, regulatorias y operativas entre expertos del sector.
La norma introduce límites explícitos al número de Entidades Promotoras de Salud (EPS) que pueden operar en departamentos y municipios, en función del tamaño poblacional y de la participación de afiliados. En la práctica, esto implica una reducción significativa del número de EPS en varios territorios, especialmente en municipios pequeños, donde podría quedar una sola entidad habilitada para operar.
Controversias jurídicas y operativas
Uno de los principales focos de controversia es el alcance de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Si bien el decreto se ampara en la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de Salud, no existe un mandato legal expreso que autorice al Gobierno a restringir territorialmente a EPS que ya cuentan con habilitación vigente.
El efecto práctico del decreto se asemeja más a una revocatoria indirecta de autorizaciones que a una simple "actualización" administrativa, lo que podría dar lugar a demandas por extralimitación de funciones. A esto se suma el impacto sobre la libre competencia, ya que al excluir automáticamente a EPS con participaciones inferiores al 3% y limitar el número máximo de operadores por municipio, el decreto favorece la concentración del aseguramiento en pocas entidades.
Capacidad institucional y plazos ajustados
También preocupa la capacidad institucional para ejecutar el decreto. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá apenas tres meses para actualizar las autorizaciones de funcionamiento de todas las EPS, mientras que el Ministerio de Salud y la Adres deberán adelantar procesos masivos de reasignación, auditoría de bases de datos y ajustes en el reconocimiento de la UPC.
Para el Gobierno, se trata de un ordenamiento técnico del sistema; para sus críticos, es una transformación profunda del modelo sin el debate legislativo que exigiría una reforma de fondo. La Mesa reiteró su llamado a no adoptar decisiones que, a su juicio, no resuelven la crisis y a cumplir las órdenes de la Corte Constitucional para garantizar la vida de los usuarios.
